Oradores españoles contemporáneos

Publicado en ecofin.es el 15/12/2014

Tener algo que decir y transmitirlo de manera seductora. Eso es un orador: lo que hoy en día se denomina más comúnmente un conferenciante (conferencista en Hispanoamérica). Algunos detallan que existen personas que cuentan con conocimientos y otras con glamour. Conferenciante es quien logra sumar armónicamente los dos componentes.
 
España cuenta con una larga tradición de oradores. Algunos en el ámbito político y otros en el cultural. Castelar, Cánovas, Gómez de la Serna, Unamuno, Fernández Flórez… son nombres que acuden a la pluma si de nuestro país se habla. ¿Cómo olvidar –desde el específico punto de vista del control de la oratoria- a Kennedy,  Luther King, Hitler o Fidel Castro?
Contar con buenos conferenciantes es esencial en cualquier organización sea pública o privada. Los oradores catalizan sentimientos, aspiraciones, conocimientos… Un buen conferenciante cambia radicalmente el tono de un grupo humano. Si además de ser técnicamente bueno, transmite ideas relevantes, se trata de alguien insustituible. ¿Cómo olvidar la gran influencia en la República romana de la estirpe de los cicerones o de un Julio César?
En España existe en la actualidad una extraordinaria escuela de oradores que muchas veces son más valorados fuera que dentro de nuestras fronteras. Quizá por esa obsesión en la que muchas veces viven los latinos por el mito de considerar que lo pronunciado en inglés tiene más valor que lo formulado en español. (Los mitos suponen el triunfo de la credulidad sobre la ciencia, sobre los hechos o sobre la realidad).
Hace algunos años, Marcos Urarte, en un ensayo que llevaba por título ‘Claves para ser un buen speaker’ (diciembre de 2011), y que fue publicado en la revista de comunicación del grupo Wolters Kluwer afirmaba que él diferenciaba entre conferenciantes y comunicadores. De los segundos señalaba “la capacidad de conectar con los asistentes, manejando un voluntario accesible, entendible y cercano”. Entre éstos, mencionaba a profesionales como José Aguilar, Xavier Orozco, Jaime Tomás, Eduardo Punset o Antxón Arza. Puede añadirse a otros como Enrique Sueiro, Ignacio Bernabé, Eugenio de Andrés, Pilar Gómez-Acebo, Carlos Rodríguez Braun, Fernando Trías de Bes, Helena López Casares, Alex Rovira, Luis María Huete, Ofelia Santiago o el prematuramente fallecido Enrique Alcat.
Para ser calificado en sentido estricto como conferenciante, Marcos Urarte situaba muy alto el listón. Escribía que debían disponer de una consolidada formación científica, humanista e histórica; poseer una gran cultura; crear pensamiento sin limitarse a resumir el de otros; dominar el idioma y los recursos para atraer el interés de quienes escuchan; transmitir conocimientos con un grado de profundidad que a veces está al alcance de pocas personas pero logrando hacerlos atractivos a una mayoría.
Urarte concluía con contundencia que Javier Fernández Aguado era el único español que él mencionaría en esa categoría. Efectivamente,  Fernández Aguado es para muchos referente esencial. Escuchar una de sus conferencias, independientemente de las amplísimas temáticas que aborda gracias a su ingente cultura, es apasionante. No en vano ha sido calificado en múltiples ocasiones como un hombre del renacimiento. Francisco Alcaide (autor del ‘who’s who’ en el management español) lo definía como un astronauta que a la vez fuese arqueólogo.  No por casualidad es el único pensador europeo contemporáneo en plena actividad sobre el que se ha realizado un simposio internacional para analizar su pensamiento.
El propio Marcos Urarte es un destacado orador. También José Aguilar entra de lleno en la categoría ya no sólo de comunicador, sino también de conferenciante. Y también pueden incluirse en esta acepción a Eduardo Punset, a Fernando Savater o a Ángel Gabilondo.
Un orador no lee un texto, ni emplea un power point; un orador controla una materia y es capaz de cautivar a los demás tanto en forma como en fondo. Un verdadero conferenciante cuenta con un carisma que le diferencia radicalmente de un mero comunicador o de lo que hoy en día denominan un ‘facilitador’.
La recuperación económica de España contribuirá también a que florezca de nuevo el apasionante arte de la oratoria. Está comenzando a suceder en el ámbito de la empresa y la economía, también en la divulgación científica. Ojalá esta corriente llegue también a los políticos. Quienes gobiernan un país deben poner particular empeño en ser técnicamente competentes. No deberían, sin embargo, olvidar que los colectivos precisan de ilusión compartida. Y casi siempre ese entusiasmo colectivo se logra con buena oratoria.
La oratoria no sería buena si quedase en mera técnica. ¿Quién desearía volver a escuchar a nefastos personajes como Stalin, Legrelle, Castro o Chaves? Gusta que nos comuniquen ideas motivadoras no sólo por la forma en que son expresadas, sino por el fondo que transmiten.
Cabe preguntarse si nuestros políticos no deberían contratar como coachs a Fernández Aguado, a Urarte o a Aguilar (entre otros conspicuos oradores) para que esos profesionales llenos de contenido les preparasen en forma y fondo para ese imprescindible trabajo que es contar con ideas técnica y éticamente valiosas y capacidad para transmitirlas adecuadamente. Porque la clave de un buen orador no es impedir reflexionar –como afirmaba Hitler-, sino ayudar a los demás a pensar. Es la gran diferencia entre un líder  y un manipulador. De los segundos está sobrada la política actual; de los primeros anda escasa.

Libro Gestión de Tesorería

Ya tenemos en papel el último libro que hemos escrito: Gestión de Tesorería. Cash Management.

Muy contento y agradecido a los responsable de FC Editorial, donde se ha publicado, por su profesionalidad y rapidez, así como a Mario Cantalapiedra, gran amigo, autor del magnífico prólogo del manual. 

Dirigido a responsables financieros de pequeñas y medianas organizaciones, así como a cualquier interesado en mejorar la gestión monetaria de sus empresas, el texto que tiene entre sus manos se convierte en un auténtico manual en el que, de forma clara y sencilla, se ofrecen consejos y recetas prácticas que pueden ayudar a que una tarea a la que tradicionalmente se le dedica poco tiempo o ningún esfuerzo, salvo en grandes corporaciones, como es la Gestión de Tesorería, se convierta en una labor que genere valor (dinero) para el empresario.

Por ese carácter práctico, pero que a la vez descansa en los fundamentos teóricos más recientes, es igualmente recomendable para estudiantes de grado y posgrado que cursen Dirección Financiera, Finanzas Corporativas, Gestión Financiera o Fundamentos de Administración Financiera de la Empresa. En general, cualquier asignatura en la que en su programa se trate la Gestión de Tesorería como algo sustancial e importante.

El contenido no sólo se centra en los objetivos que debe perseguir el responsable del dinero en la empresa, sino que también aborda la gestión diaria (previsional y de control) que debe realizarse; la negociación con las entidades financieras, los bancos, de importancia capital para un buen desempeño en esta área; o cuestiones igualmente importantes como la informatización del trabajo del financiero o las bondades que puede aportar una gestión centralizada de las cuentas bancarias son otras cuestiones que también aborda de forma sencilla este texto.

El día a día del responsable de los flujos monetarios de las empresas se encuentra perfectamente explicado en este libro. Útil tanto para Tesoreros como para responsables, entre otras tareas, del movimiento monetario de pequeños negocios, en el mismo se aborda todas las tareas que se espera realicen: desde la negociación con las entidades financieras, en las que hay que saber “vender” los puntos fuertes de nuestra empresa, pasando por la gestión diaria de excedentes o déficit de nuestros recursos líquidos, así como, en su caso, la gestión de los riesgos financiero, que igualmente deben ser objeto de atención por parte de ese responsable.

Más información: FC Editorial

De Consejos y Consejos

Publicado en Sector Ejecutivo en Julio/Agosto 2014

Entre los órganos de gobierno de prácticamente todo tipo de empresas se encuentra el Consejo de Administración, ampliamente conocido por todos y con sus objetivos y funcionamiento perfectamente delimitados.

En estas líneas, sin embargo, nos vamos a centrar en otro Consejo, el Asesor, mucho menos conocido pero que puede resultar de enorme utilidad para la buena marcha de la organización.

Muchas veces se identifica el Asesor con el de Administración, siendo ambos Consejos complementarios y en ocasiones el primero se convierte en germen del segundo.

Un consejo asesor, normalmente formado por personas con experiencia, ajenas al capital y a la gestión de la empresa, es un órgano consultivo, sin ningún tipo de responsabilidad civil, pero que precisamente por ello, por su menor implicación –en el sentido de no estar ligados a la marcha de la empresa, lo que les confiere de mayor objetividad-, sin la rigidez y el régimen de responsabilidad de los administradores, puede ofrecer una visión externa, un asesoramiento de calidad, sin los corsés de los consejeros. Se trataría de conformar un equipo de especialistas en diferentes terrenos (empresa familiar, recursos humanos, estrategia, finanzas, …), que asesoren, bien individualmente bien a través de reuniones conjuntas, sobre los diferentes aspectos de la marcha de nuestra empresa, de forma profesional, incorporando nuevas visiones que garanticen a medio y largo plazo el crecimiento de la compañía.

En ocasiones se confunde la finalidad de este órgano y se añaden a este Consejo Asesor los que podríamos llamar “facilitadores”, personas que en un momento determinado pueden ayudar a que un acuerdo llegue a buen puerto o a desbloquear una negociación. En este caso estaríamos hablando más de lobbies más que de asesores. Por ello, a veces también se les solicita a estos consejeros la aportación de contactos, el acompañamiento a reuniones con agentes externos con los que ellos guardan relación, o en las que se vayan a tratar cuestiones de las que son especialistas.

El que se trate de un órgano meramente consultivo –es el responsable de la empresa quién, en último término, decide qué hacer con el asesoramiento recibido-, no significa que no se le haya de fijar unas normas mínimas de funcionamiento, previamente establecidas en lo que se refiere a, por ejemplo, periodicidad de las reuniones (una o dos veces al mes es lo más habitual), orden del día (para evitar reuniones improductivas se tiene que dejar claro qué se va a tratar e incluso facilitar la información necesaria para valorar previamente los puntos a tratar), actas de dichos encuentros y secretaría del Consejo. La forma en la que van a ser remunerados estos expertos, con una amplia variedad de posibilidades, suele negociarse de forma individual y no debe aparecer en la normativa internada citada anteriormente.

Estaríamos hablando en definitiva de un órgano que puede aportar mucho al día a día de la gestión empresarial, que no tiene que estar limitado simplemente a la gran compañía y que no está siendo suficientemente aprovechado por la pyme, la verdadera protagonista de nuestro tejido empresarial.

Gowex: Fallos y Repercusiones

Publicado en EL ECONOMISTA el 12/07/2014

El fraude de Gowex, conocido hace unas semanas, ha destapado una serie de fallos que deberían ser corregidos de inmediato mediante una serie de decisiones que, por un lado, mejoren la confianza de los inversores y consumidores en general y, por otro, impidan que los avances recientes en la diversificación de las fuentes de financiación de las empresas españolas y en la mejora de su capitalización, se vean frenados, precisamente por esa desconfianza.

En primer lugar el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que exige a las empresas para estar presentes en el mismo transparencia, información y liquidez (con la actuación de un asesor registrado), debería variar el modo en el que “audita” esos requisitos. Y es precisamente en los procesos de auditoría donde habría que incidir, pues uno de los fallos -en cadena: auditora, asesor registrado, supervisión del propio MAB, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y hasta los Ministerios de Industria y de Economía y Competitividad- que se han producido, parece proceder de la no aplicación de unos controles básicos que, en teoría, deberían haber identificado las incongruencias.

Aunque en estos momentos se estudia la posibilidad de que las empresas presentes en este mercado pasen al mercado continuo, donde cotizan sus “hermanas mayores”, no habría que darle la espalda a una alternativa para conseguir financiación por parte de las empresas, fuera del circuito bancario, que puede tener perfecta cabida en el sistema financiero español. Si bien, habría que sopesar en profundidad lo que se les exige a las compañías y no aumentar su regulación, pues ello implicaría mayores costes y menores incentivos para utilizar esta opción para conseguir recursos financieros.

Porque, precisamente lo que ha fallado, al igual que en la crisis de 2007 que seguimos padeciendo, no ha sido la regulación, excesiva en todos los aspectos, sino la supervisión (volvemos a repetir la cadena de errores de los diferentes niveles supervisores). De hecho, ha tenido que ser el propio mercado, a través de una entidad privada de análisis bursátil, Gotham City Research, quien destapara el fraude. Las repercusiones que en este caso podrían darse serían las que venimos propugnando desde hace tiempo: regulación menor, más pensada y adaptada a la realidad de cada tipo de empresa y mercado, y una mayor incidencia de la supervisión, objetiva y sin peajes de tipo político. En este sentido, el mercado lo hace enormemente mejor que cualquier intervención pública, pues cuando ésta ha actuado, normalmente para limitar el “poder” del propio mercado, ha sido cuando mayores escándalos se han producido.

Adicionalmente, el mercado es infinitamente más rápido, no sólo en el control, sino en la toma de decisiones, en este caso “castigando” la cotización de los títulos de las empresas no cumplidoras, que cualquier organismo público, con mayor diferencia aún si nos centramos en el ámbito judicial, en el que las cuestiones económico-financieras, seguramente por desconocimiento, se eternizan en las salas de los diferentes juzgados. No hay mal que por bien no venga si este suceso sirviera como acicate para mejorar estos aspectos. Nos tememos que en esta, como en muchas ocasiones anteriores, el “tren pasará de largo” sin subirnos al mismo.

Por último, no quisiéramos terminar sin comentar algunas repercusiones sobre los accionistas y sus derechos y responsabilidades. No nos queda ninguna duda de que han sido engañados, en eso consiste un fraude. Ni de que algunos seres humanos, por naturaleza, seguirán intentando engañar al prójimo. Pero quisiéramos ligar estas ideas con los resultados recientemente publicados por el informe PISA, que vuelven a dejar en mal lugar a los adolescentes españoles en cuestiones de economía doméstica. Quizá se estén preguntando sobre las relaciones entre estos hechos, pero déjenme que seamos nosotros quienes realicemos las cuestiones: si no somos capaces de identificar el mejor momento, sobre una gráfica histórica de precios, para comprar o vender una acción, ¿cómo vamos a ser capaces de valorar la oportunidad, el riesgo, la rentabilidad o recompensa de algo tan volátil como lo es la actividad empresarial? Es más, ¿está la sociedad española preparada para mercados como el MAB, el MARF (mercado alternativo de renta fija) o cualquier otra iniciativa que mejore las fuentes de financiación de las empresas, si no somos capaces de elegir, en función del precio, entre comprar los tomates a granel o envasados?

Puede que les resulten graciosos estos comentarios, pero quisiéramos que vieran, como así deberían observarlo nuestros representantes políticos, la verdad que se oculta en estos resultados y actúen en consecuencia en las bases del problema: educación y formación.

Luces y sombras en la emisión de deuda

Publicado en El Economista el 26 de abril de 2014

El pasado jueves, el Tesoro Público informó del éxito en la colocación de bonos a tres, cinco y diez años consiguiendo, además, reducir a mínimos históricos el interés ofrecido. En concreto, para el bono a diez años –el que se tiene en cuenta para calcular la famosa prima de riesgo-, la rentabilidad media se situó en el 3,059%. Esta noticia puede tener una lectura optimista. Pero no todo es de color de rosa, como pasamos a exponer a continuación.

Si repasamos en primer lugar los aspectos positivos, las luces, de esta última colocación de deuda pública española, sin duda encontraríamos que, a pesar de la caída de la rentabilidad, los inversores siguen teniendo interés por adquirir nuestros títulos, dado el cambio de percepción sobre el futuro de nuestra economía, mucho más favorable, lo que indica que el riesgo de prestarnos dinero es mucho menor –lo que a su vez influye en ese menor tipo de interés ofrecido/solicitado-. Consecuencia de esto es que la prima de riesgo se mantiene en esos niveles más que aceptables.

Igualmente, en el haber de la noticia podríamos incluir la estrategia del Tesoro de ampliar el plazo medio de la deuda emitida, aprovechando que el mercado se encuentra tan abierto a su adquisición, lo que da un mayor margen temporal para devolver esos recursos tomados a préstamo.

Resumiendo, mejores expectativas económicas para España, que hacen que nuestra deuda siga demandándose, a unos costes bajos y con un mayor plazo para devolverlos.

Sin embargo, como hemos comentado, también podemos analizar la noticia con otra visión y obtener una lectura menos optimista.

Desde nuestra humilde opinión, nunca hemos entendido la razón de catalogar como éxito que se siga emitiendo deuda. Podemos hablar de lo beneficioso que es el hecho de que los títulos españoles sigan siendo demandados, pero lo que estamos haciendo, en definitiva, es aumentar nuestro endeudamiento, y eso no es precisamente una buena gestión de las finanzas públicas. Por lo tanto, en el debe de este hecho habría que anotar el paulatino acercamiento de nuestro deuda pública al 100% de nuestro PIB –algunos expertos afirman que se alcanzará en este mismo ejercicio-, y no hay que ser un lince para entender que más deuda implica más intereses –aunque el coste medio se reduzca por las buenas perspectivas, el montante total en concepto de servicio de la deuda, los gastos financieros, aumenta-. A este respecto, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció recientemente que las emisiones netas de deuda por parte del Tesoro para 2014 estarán “claramente” por debajo de los 65.000 millones de euros previstos. La afirmación se basa en la evolución de la recaudación –que depende en gran medida del crecimiento de nuestra economía- y de los costes de financiación de la deuda –que ya hemos visto que son favorables-.

No por contradecir al ministro sino porque el endeudamiento no es algo que se pueda reducir por decreto, en cualquier caso las sombras no acaban aquí: dado que el déficit público sigue existiendo, que los ingresos no cubren los gatos del conjunto de las administraciones, el acceso a los mercados a través de nuevas emisiones de deuda seguirá produciéndose y, por ello, la deuda seguirá incrementándose y con ella los intereses a pagar. Sólo podríamos eliminar este círculo vicioso si el déficit se elimina de forma drástica a través de, por ejemplo, una reforma seria de la administración pública (central, autonómica y local), tarea aún pendiente.

No parece pues que la política económica del gobierno de control del déficit y del endeudamiento sea la causante de la buena acogida de nuestras emisiones, sino más bien el cambio de expectativas de los mercados sobre la evolución de nuestra economía, así como del papel, testimonial pero en cualquier caso valiosísimo, del Banco Central Europeo.

Las agencias de calificación también se suman a este breve análisis, en este caso aportando el dato positivo de una mejora en el rating asignado a nuestro país, justificado por la mejora de nuestro sector exterior y en la recuperación de la demanda interna, así como en las reformas estructurales implementadas en el sector financiero y en el mercado laboral. Sigue quedando pendiente la de la administración pública.

En definitiva, luces y sombras en la emisión de deuda por parte del Estado español y sólo el futuro nos dirá las repercusiones que las decisiones actuales tendrán en las generaciones venideras.

Déficit Cero

Entre los criterios de convergencia para el pase a la tercera fase de la Unión Europea, la correspondiente a la Unión Económica y Monetaria, uno de cuyos frutos fue la adopción del euro como moneda común hace ya más de una década, se encontraba la disminución del déficit público por debajo del 3% de la cifra de PIB y su reducción posterior para cada país miembro. El resto de requisitos (tipos de interés, inflación y endeudamiento), se encontraban estrechamente vinculados al cumplimiento de éste.

Para entendernos, la reducción del déficit y el logro del equilibrio presupuestario (déficit cero) no es otra cosa que acomodar el nivel de vida con las disponibilidades con que se cuentan, es decir, que en un período de tiempo, normalmente medido en un año, los ingresos que genera un Estado sean iguales a los gastos en que incurre.

Pero lo importante de esta actuación no es cumplirla en un período determinado, sino que este esfuerzo sea continuado en el futuro, lo que permitirá conseguir crecimientos económicos con una base firme y duradera.

Es por ello por lo que en su momento se llegó al acuerdo de lo que en la Cumbre de Sevilla (junio de 2002) se plasmó en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por el que todos los países de la eurozona se comprometían a saldar sus deudas públicas y lograr una balanza de ingresos y gastos equilibrada.

No es el propósito de estas líneas entrar en lo referente a la situación en que se encuentran los Estados miembros en la actualidad, sino señalar una serie de argumentos a favor y en contra de esta meta del equilibrio presupuestario.

Para lograr el déficit cero, las alternativas se centran bien en reducir los gastos (la inversión pública, los gastos sociales, etcétera), bien en incrementar los ingresos (normalmente vía aumento de impuestos). Ambas opciones, desde un punto de vista político, tienen inconvenientes, pues en cualquier caso se está exigiendo un sacrifico continuado por parte de la sociedad (como en estos momentos ocurre en España), cosa que puede ser aprovechada por la oposición al criticar al gobierno que tiene la responsabilidad de tomar estas impopulares medidas.

En cuestiones más económicas, el establecimiento del equilibrio presupuestario, como esfuerzo continuado de moderación del gasto público, redunda en una mejora de la financiación de la economía, en la misma cuantía en que el sector público aumenta su ahorro y reduce la carga de su deuda. Por lo tanto, déficit cero y progreso económico son dos realidades inseparables.

Además de los efectos en el crecimiento, también tiene resultados positivos en la creación de empleo, mantenimiento de una tasa de inversión alta sin recurrir al déficit, reducción de la deuda pública y, por tanto, bajada de impuestos.

En definitiva, el equilibrio presupuestario (el déficit cero) es una actitud muy deseable.

 

Pero decir simplemente si ese objetivo de déficit cero es bueno o malo nos dejaría sin toda la información necesaria. La bondad de esta medida tiene mucho que ver con la forma de llevarla a cabo, con la situación del país, con su grado de eficiencia, la distribución de la población, de su estructura, etcétera.

Todos sabemos que no se debe gastar más de lo que se tiene, pero si como individuos nos endeudamos para adquirir un automóvil, o una vivienda, es decir, para progresar, ¿debería hacer algo parecido el Estado?

Está claro que los gobiernos deben proporcionar un entorno que facilite financiación barata y suficiente a los agentes económicos para que puedan operar, crear empleo y fomentar la actividad y el crecimiento. Por ello, es posible que accesos puntuales al endeudamiento provoquen efectos positivos sobre la economía en su conjunto.

El debate no es nuevo. Es la controversia tradicional entre liberales y keynesianos sobre el papel que debe jugar el Estado en la economía. Y se mantendrá durante largo tiempo. Lo probable es que siempre exista.

La clave se encuentra en la flexibilidad. El déficit cero no es el objetivo, la finalidad es el crecimiento, el trabajo, la financiación, la estabilidad, y ello sólo se logra con políticas coherentes con la coyuntura. El cero en las cuentas del Estado cuando es innecesario no conduce más que a aumentar las diferencias con otros países. La flexibilidad a la hora de contar con esta herramienta y tomarla como eso, como un camino más entre los muchos disponibles es la fórmula para que dicha opción tenga sus frutos.

Otra cuestión es que esa flexibilidad, mal entendida, dé lugar al sobreendeudamiento, del Estado y de los particulares, y todos los beneficios de esta política de equilibrio presupuestario se vayan al traste.

Ética en Mercados Financieros

La verdad es que las relaciones entre ética y mercados financieros son, cuando menos, problemáticas. Está claro que los mercados en general, el financiero en particular, realiza una función económica muy importante (la canalización del dinero de los ahorradores a quienes desean financiar sus actividades); pero no es menos cierto que cumple también una función ética y social, pues no sólo contribuye al interés particular, sino que responde del bien común.

Pero para que se logre ese bien común de personas y grupos que forman la sociedad, se exige una organización de la actividad económica que facilite a todos la obtención de los recursos necesarios para su desarrollo y, por tanto, las normas de actuación. El propósito de las normas y códigos éticos, desde hace algún tiempo de moda, es establecer los estándares y valores de acuerdo con los cuales las acciones humanas son consideradas buenas o malas.

La ética se refiere a la persona, a su conducta y actuación, tanto en el plano individual como formando parte de un grupo, empresa o institución donde desarrolla su actividad (las empresas son las personas que trabajan en ella). El comportamiento moral se refiere a los individuos, no a las instituciones. Pero está claro que la actuación de las personas determina en último término la reputación de la empresa donde trabajan.
La búsqueda de ese comportamiento ético ha derivado en otras expresiones más actuales o de moda: “gobierno corporativo”, “transparencia corporativa”, que siguen las mismas o parecidas finalidades.
La historia de los mercados financieros, más aún en la más reciente, se encuentra jalonada de episodios que han hecho reducir, y en momentos puntuales incluso hacer desaparecer por completo, la necesaria confianza de todos los que operan en los citados mercados. Ninguno de los grupos de agentes señalados con anterioridad se ha librado de realizar comportamientos que nada tienen que ver con la ética: todos en mayor o menor medida han intentado influir en la cotización de los valores, de acuerdo a sus posibilidades, para manejarlos según sus intereses y conveniencia.
Esos diferentes episodios de escándalos financieros, aunque originados principalmente en el mercado norteamericano, pero con claros ejemplos también en España, normalmente se encuentran relacionados con: malas prácticas de gobierno corporativo, falta de transparencia informativa e, incluso, conflictos de intereses (precisamente los factores identificados como condicionantes de la confianza del inversor), han dañado la confianza en gestores, organismos supervisores, firmas de auditoría y mediadores financieros.
Los escándalos financieros de Enron, Parmalat, o en nuestro país, Gescartera o Forum - Afinsa, entre otros, aunque con características, causas y efectos completamente diferentes, son sólo escasos ejemplos de lo afirmado en el anterior párrafo.
Y es que el mercado de valores está siempre bajo sospecha. La eterna labor de supervisión realizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) luce muy poco. El propio expresidente del organismo, Manuel Conthe, ha reconocido en multitud de ocasiones la existencia de sospechas por el posible uso de información privilegiada en gran cantidad de operaciones. Por citar sólo algunos ejemplos: Riofisa, Fadesa, Urbis o la interminable Endesa.
Este entorno, cada vez con más escándalos contables, o con el mismo número pero que son más conocidos y de forma más rápida transmitidos a escala internacional, ha provocado la aparición de nuevos organismos, tanto de iniciativa pública como privada, cuyo objetivo es proporcionar, según el caso, más cantidad de normas, leyes o recomendaciones conducentes a conseguir una mayor transparencia en el mercado.
Resulta complicado terminar con una única conclusión la cuestión del comportamiento ético de los analistas en los mercados financieros. Lo que parece evidente es que su actuación es uno de los pilares de la confianza de los inversores en dicho mecanismo del mercado. Aunque no el único.
Parece también evidente que esta actuación de los analistas, si bien no en la inmensa mayoría de los casos, resulta “interesada” y que, para conseguir cumplir los principios de transparencia e igualdad, se hace necesaria la regulación y el control de su actuación.
La labor de regulación no ha acabado aquí, y la misma ha de complementarse con las recomendaciones o autorregulación que las diferentes asociaciones de profesionales existen, como el mejor camino para que los inversores recuperen la confianza perdida.
Pero atención, los analistas no son los únicos actuantes en los mercados financieros, volvemos a repetir, y sólo con un comportamiento ético por parte de todos ellos, comenzando por los poderes públicos, esa confianza en el mecanismo de mercado será repuesta.