martes, 10 de abril de 2012

Otra sanidad para ricos

La situación es crítica. Las soluciones están ahí, sólo hay que tener voluntad de llevarlas adelante (adelgazar la estructura administrativa inflada para nuestra capacidad de crecimiento. Véanse comunidades autónomas y municipios pequeños). Pero en lugar de eso, el actual gobierno cae en las mismas "ocurrencias" que el anterior. Ahora toca la propuesta de una sanidad o una educación diferentes, en función de tus rentas. Es decir, ahora ya no somos todos iguales, sólo unos pocos.
Pero veamos la realidad: ¿Alguien cree que ganando 100.000 euros, o incluso menos, al año, una familia acude a la consulta del ambulatorio de su barrio? ¿No es más real reconocer que esos ciudadanos están pagando un seguro privado? En definitiva, están aportando, vía impuestos revolucionarios, como el que más, pero  ... NO CONSUMEN SERVICIOS. Es decir que contribuyen a financiar la sanidad de otros que no pueden (o no quieren), pero el gasto de utilizar esos mismos servicios es mucho menor, cuando no inexistente. Son aportantes netos al sistema.
Pero es que en educación pasa exactamente lo mismo: esas rentas llevan a sus vástagos a la educación privada. Incluso muchos políticos, por no decir todos, incluidos los que se jactan de las bondades de la educación pública, que las tiene, llevan a sus hijos e hijas a colegios y universidades privadas. Por lo tanto, también están pagando mediante sus impuestos unos servicios de los que no se están aprovechando.
Eso es solidaridad, obligatoria, pero solidaridad al fin y al cabo. ¿Y ahora quieren que, en el caso de acudir, por las razones que sean, a esos servicios, se pague más?
NO, no es el camino.
Primero por el hecho de que esas rentas, como he comentado antes son aportantes netas al sistema, por lo que no hay que gravarlas más.
Segundo por que es un desincentivo a la responsabilidad (mejores puestos, con mayor responsabilidad, generan mayores ingresos), al trabajo y al esfuerzo (buscar otros trabajos que complementen los sueldos no es una buena medida visto lo visto por sus repercusiones).
No, es mucho mejor subvencionar y subvencionar, no sólo a los españoles, sino a todos los que por aquí vienen, de paso o ex profeso.
Lo lógico sería una racionalización de ese subvenciones: ¿Por qué tener traductores a todas las lenguas habidas y por haber en los ambulatorios por si acaso? Yo cuando me muevo a otro país no me traduce nadie y me tengo que buscar la vida. ¿Por qué sanidad gratis universal, y recalco lo de universal? Que paguen los que vienen aquí a operarse, con tratamientos más costosos, simplemente porque en su país sí que tienen que abonar cantidad. ¿Por qué operarse de cosas que no tienen la mayor importancia o no son de vida o muerte, pero sí suponen unos costes elevados? Los caprichos se los paga cada uno, si puede, que por algo son caprichos.
O en educación universitaria, que conozco bastante bien, ¿por qué subvencionar la matrícula de unos alumnos/as que luego no aparecen por clase? ¿No sería más racional ligar becas y ayudas al mérito y al esfuerzo? El principio del "café para todos", la política de la subvención para atar futuros votos, el despilfarro del dinero público que no es de nadie, la proliferación de parcelitas de poder (vénase autonomía y municipios) en las que el político de turno hace y deshace a voluntad (y es que el poder corrompe), ...Todo esto está llevando a la ruina a este país.
Ahí es dónde hay que atacar el despilfarro, además de aligerar la administración.
Claro, pero eso no les conviene, no.

miércoles, 4 de abril de 2012

Amnistía para los que defraudan

La propuesta del partido en el Gobierno de amnistiar fiscalmente a los defraudadores que mantienen dinero no declarado, fruto de operaciones opacas que no han tributado y, por tanto, no han aportado lo que debiera al bien común -se esté o no de acuerdo con las normas y con el destino de ese dinero para ese bien común-, no puede estar más equivocada.

Puede que la urgencia por recaudar dinero con el que "salvar" de alguna forma las maltrechas cuentas de la economía española sea vista como la justificación idónea para su aprobación. Pero no debe ser así.

La lacra del fraude fiscal debe perseguirse y la forma de hacerlo debe ser reduciendo impuestos.

Sí, bajando la presión fiscal, el incentivo para "ahorrarse" unos euros, escatimándoselos a Hacienda (que, por tanto, no somos todos, sólo algunos) será menor y, en el caso de que aún así alguno se lo piense, perseguirlo e imponer unas multas de gran cuantía, que hagan finalmente de total efecto disuasorio.

Ese es -debe ser- el único camino.

La tradición periódica española de las amnistías fiscales es perniciosa, incentiva negativamente el cumplimiento de la norma, genera más y más dinero negro y tiene unos efectos devastadores en recaudación, en servicios posibles a ofrecer y en el ánimo de los contribuyentes, que sólo maldicen la mala suerte que tienen por estar controlados por una nómina, que no les permite mucho margen ... ¡para defraudar!