Enseñanzas de la empresa al Estado

Supongo que los defensores a ultranza de lo público no estarán muy de acuerdo con las afirmaciones que nos aprestamos a defender, pero a veces, muchas veces, la gestión privada, la empresa, enseña buenas prácticas que el Estado debería tener muy en cuenta e implantar, si fuera posible.

Estas reflexiones propias, ya antiguas, nos han vuelto a la cabeza tras las decisiones recientes de varias empresas españolas de reducir los precios de sus artículos y servicios, comercializando tales decisiones como algo solidario, pero buscando además su reflejo en un más que realista incremento de las ventas y, por qué no, buscando nuevos clientes o nichos de mercado.

La enseñanza que el Estado puede obtener de esta medida guarda relación con el incremento -es muy posible que necesario- de los impuestos, tanto directos como indirectos, lo cual puede dar como resultado, paradójicamente, un descenso en la recaudación.

Sin embargo, si se reducen los impuestos (y se busca más la racionalización del gasto público en lugar de incrementar los ingresos en un momento poco propicio), la consecuencia es un aumento de la renta disponible de los ciudadanos, a lo que si además se acompaña una transmisión de confianza (en lugar de cambiar, desdecir y desmentir una y otra vez las decisiones a tomar), se puede traducir en un incremento del consumo. Es precisamente la demanda lo que nos puede sacar de esta situación, pues de ella depende que las empresas, en su intento de satisfacer ese incremento, aumenten su oferta, amplíen plantillas e inviertan en crecimiento (para ello también es necesario que exista posibilidad de financiarlo). No cabe duda que la mayor actividad implicará una mayor recaudación, vía impuestos indirectos que gravan el consumo, o directos (sociedades y renta) que gravan ingresos. Pero no sólo eso: la creación de más puestos de trabajo implicará menores pagos por prestaciones de desempleo (menor gasto público) y mayores cotizaciones sociales (menor déficit o superávit de la Seguridad Social). ¿Cuál es el problema? La necesaria rapidez en la respuesta de las medidas, dado lo acuciante de la situación y la premura que nos exige Bruselas. Un aplazamiento realista a las exigencias impuestas sería lo necesario para implantar estas medidas que estamos señalando, más lentas para tener un reflejo positivo pero que son también la base para un crecimiento sostenible en el tiempo.

El Gobierno se esta equivocando al trasladar todo el esfuerzo al consumidor, haciendo precisamente que éste deje de consumir –por desconfianza o por simple imposibilidad- haciendo que la actividad se reduzca gravemente y convirtiéndose en mero contribuyente, y además muy castigado.

Y ya puestos, otras enseñanzas que “lo público” podría tener de las empresas privadas sería la de considerar, realmente, a la ciudadanía como un cliente (no olvidemos que en inglés, funcionario se traduce como civil servant, muy gráfico), lo cual requeriría una ampliación de los horarios de los servicios a los ciudadanos (se acabaría con las colas de espera en sanidad y justicia), o no cerrar en vacaciones (dejando sin servicios al contribuyente durante un mes o más), menos ahora que todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir de esta situación.

La insoportable lentitud de Bruselas

Publicado en El Economista, el 7 de mayo de 2012

Los políticos son de natural lentos en sus decisiones, no porque se tomen mucho tiempo en sopesar lo eficaces que serán sus respuestas -solo hay que echar un vistazo a las desacertadas, además de increíblemente improvisadas medidas de los últimos años-, sino porque lo que evalúan, si realmente existe esta fase, es el efecto que tendrán las mismas en el número de votos futuro. Si además, al nombre de político le añadimos el apellido comunitario, la parsimonia se hace intolerable. Más si cabe si sus tardas respuestas son evaluadas por los vertiginosos mercados.

Todo lo anterior para comprobar ahora que, ¡por fin!, se han dado cuenta de que la clave para superar esta eterna crisis radica en el crecimiento. Y eso que muchos fuimos los que avisábamos de la necesidad del más que probable cambio desde hace ya mucho tiempo (por ejemplo en nuestra colaboración "Es el crecimiento, estúpido" publicado en este mismo diario el pasado uno de noviembre de 2011).
Este posible giro en la política económica del viejo continente es fundamental, lo recalcamos, pero no debería ser incompatible con el actual monotema de nuestros dirigentes, lo que ellos llaman austeridad, y que nosotros preferiríamos denominarle equilibrio presupuestario. Nos explicamos.
El equilibro en las cuentas públicas no sólo es deseable sino beneficioso. De aquellos polvos del abandono de tan loable principio proceden los actuales lodos. Consiste simplemente en adecuar los gastos, o mejor las inversiones, a los ingresos generados. Como estos últimos tienen una relación directa con la actividad, se podrá invertir más cuanto más crezca una economía, o ahorrar para tiempos peores. ¿Y si no crece? Pues se invertirá menos. Excepciones a esta regla básica pueden darse cuando en esas épocas de bajo crecimiento o incluso recesión, la inversión pública -que no gasto, volvemos a recalcar-, debe sustituir a la iniciativa privada y sólo si se tienen garantías de que esa acción realmente producirá un incremento en la actividad (de ahí la importancia de que se trate de inversión y no de gasto) y se podrá devolver en el futuro gracias precisamente a ese crecimiento. Si no es así, no se debe romper la premisa básica.
La austeridad actual va más allá: dados los desmanes pasados, el reequilibrio sólo se puede conseguir gastando menos, mucho menos de lo que se ingresa. Si además nos encontramos en recesión, pueden imaginarse hasta qué punto hay que profundizar en los recortes.
Casi todo se reduce, por tanto, a crecer, por lo tanto hay que fomentar la actividad vía inversión, si es posible privada, para evitar cargar más sobre las maltrechas arcas públicas estos compromisos. El problema es precisamente la falta de dinero para invertir. ¿Cómo es posible que no haya dinero con las barras libres de liquidez del Banco Central Europeo? Pues porque esos fondos conseguidos por parte de las entidades financieras ha ido prácticamente en su totalidad a financiar el endeudamiento público, en lugar de prestar a empresas y autónomos, tan necesitados de esta inyección de liquidez. Esto es el llamado efecto crowding out que sólo se podrá solucionar cuando efectivamente lo público, el estado y sus políticos, pierdan protagonismo en la vida económica. Utopía.
En cualquier caso, ¿sería la solución incrementar la emisión de deuda pública, invertir para fomentar la actividad y así salir de este bache, tal y como propone algún dirigente del espectro político actual? En nuestra opinión no, por varias razones. Primero, porque sólo nos prestarán más dinero si hay confianza en su devolución; segundo porque, en el caso de que alguien esté dispuesto a prestarnos ese dinero, como no es segura la devolución por la desconfianza en el crecimiento de nuestra economía, nos exigirá mayor rentabilidad (a mayor riesgo, más coste para el emisor); y tercero, la razón fundamental es que ya se ha establecido un calendario, y modificado, de reducción paulatina del déficit público, y lo peor que se puede hacer actualmente es volver a cambiar nuestras propias reglas de juego, pues eso es lo que necesitan los perversos especuladores para atacar con mayor virulencia nuestros títulos de deuda pública.
Esos mismos políticos que propugnan el incremento del endeudamiento estatal, pero que a la vez cargan contra los mercados e incitan a su "desobediencia", están olvidando la relación entre esas dos afirmaciones.
¿Cuál sería la solución? Primero, seguir con el desapalancamiento de las finanzas públicas -buen camino el emprendido en España para eliminar gastos duplicados y superfluos en nuestras administraciones, veremos cómo se materializa-. Segundo, reducir la carga fiscal de emprendedores y empresarios, así como sus cotizaciones sociales a la contratación. No olvidemos que son ellos quienes crean empleo. Tercero, incrementar la renta disponible de la tan maltratada clase media, pues es ahí donde radica la clave de la generación de actividad. El fomento del consumo, la confianza en el futuro y la nueva demanda de bienes y servicios -por tanto justificación para crear nuevas empresas y nuevos empleos, además de negocio para las actuales- se encuentra en una gran y fuerte clase media. Si la ahogamos, no habrá dinero para financiar el famoso Estado de Bienestar. Por mucho que dirigentes de diversos agentes sociales crean que apretando más a la burguesía se solucionarían todos los problemas.
En cualquier caso, todo queda en manos de nuestros políticos europeos, con lo que solo hay una cosa segura, la solución tardará en encontrarse.