De Consejos y Consejos

Publicado en Sector Ejecutivo en Julio/Agosto 2014

Entre los órganos de gobierno de prácticamente todo tipo de empresas se encuentra el Consejo de Administración, ampliamente conocido por todos y con sus objetivos y funcionamiento perfectamente delimitados.

En estas líneas, sin embargo, nos vamos a centrar en otro Consejo, el Asesor, mucho menos conocido pero que puede resultar de enorme utilidad para la buena marcha de la organización.

Muchas veces se identifica el Asesor con el de Administración, siendo ambos Consejos complementarios y en ocasiones el primero se convierte en germen del segundo.

Un consejo asesor, normalmente formado por personas con experiencia, ajenas al capital y a la gestión de la empresa, es un órgano consultivo, sin ningún tipo de responsabilidad civil, pero que precisamente por ello, por su menor implicación –en el sentido de no estar ligados a la marcha de la empresa, lo que les confiere de mayor objetividad-, sin la rigidez y el régimen de responsabilidad de los administradores, puede ofrecer una visión externa, un asesoramiento de calidad, sin los corsés de los consejeros. Se trataría de conformar un equipo de especialistas en diferentes terrenos (empresa familiar, recursos humanos, estrategia, finanzas, …), que asesoren, bien individualmente bien a través de reuniones conjuntas, sobre los diferentes aspectos de la marcha de nuestra empresa, de forma profesional, incorporando nuevas visiones que garanticen a medio y largo plazo el crecimiento de la compañía.

En ocasiones se confunde la finalidad de este órgano y se añaden a este Consejo Asesor los que podríamos llamar “facilitadores”, personas que en un momento determinado pueden ayudar a que un acuerdo llegue a buen puerto o a desbloquear una negociación. En este caso estaríamos hablando más de lobbies más que de asesores. Por ello, a veces también se les solicita a estos consejeros la aportación de contactos, el acompañamiento a reuniones con agentes externos con los que ellos guardan relación, o en las que se vayan a tratar cuestiones de las que son especialistas.

El que se trate de un órgano meramente consultivo –es el responsable de la empresa quién, en último término, decide qué hacer con el asesoramiento recibido-, no significa que no se le haya de fijar unas normas mínimas de funcionamiento, previamente establecidas en lo que se refiere a, por ejemplo, periodicidad de las reuniones (una o dos veces al mes es lo más habitual), orden del día (para evitar reuniones improductivas se tiene que dejar claro qué se va a tratar e incluso facilitar la información necesaria para valorar previamente los puntos a tratar), actas de dichos encuentros y secretaría del Consejo. La forma en la que van a ser remunerados estos expertos, con una amplia variedad de posibilidades, suele negociarse de forma individual y no debe aparecer en la normativa internada citada anteriormente.

Estaríamos hablando en definitiva de un órgano que puede aportar mucho al día a día de la gestión empresarial, que no tiene que estar limitado simplemente a la gran compañía y que no está siendo suficientemente aprovechado por la pyme, la verdadera protagonista de nuestro tejido empresarial.

Gowex: Fallos y Repercusiones

Publicado en EL ECONOMISTA el 12/07/2014

El fraude de Gowex, conocido hace unas semanas, ha destapado una serie de fallos que deberían ser corregidos de inmediato mediante una serie de decisiones que, por un lado, mejoren la confianza de los inversores y consumidores en general y, por otro, impidan que los avances recientes en la diversificación de las fuentes de financiación de las empresas españolas y en la mejora de su capitalización, se vean frenados, precisamente por esa desconfianza.

En primer lugar el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que exige a las empresas para estar presentes en el mismo transparencia, información y liquidez (con la actuación de un asesor registrado), debería variar el modo en el que “audita” esos requisitos. Y es precisamente en los procesos de auditoría donde habría que incidir, pues uno de los fallos -en cadena: auditora, asesor registrado, supervisión del propio MAB, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y hasta los Ministerios de Industria y de Economía y Competitividad- que se han producido, parece proceder de la no aplicación de unos controles básicos que, en teoría, deberían haber identificado las incongruencias.

Aunque en estos momentos se estudia la posibilidad de que las empresas presentes en este mercado pasen al mercado continuo, donde cotizan sus “hermanas mayores”, no habría que darle la espalda a una alternativa para conseguir financiación por parte de las empresas, fuera del circuito bancario, que puede tener perfecta cabida en el sistema financiero español. Si bien, habría que sopesar en profundidad lo que se les exige a las compañías y no aumentar su regulación, pues ello implicaría mayores costes y menores incentivos para utilizar esta opción para conseguir recursos financieros.

Porque, precisamente lo que ha fallado, al igual que en la crisis de 2007 que seguimos padeciendo, no ha sido la regulación, excesiva en todos los aspectos, sino la supervisión (volvemos a repetir la cadena de errores de los diferentes niveles supervisores). De hecho, ha tenido que ser el propio mercado, a través de una entidad privada de análisis bursátil, Gotham City Research, quien destapara el fraude. Las repercusiones que en este caso podrían darse serían las que venimos propugnando desde hace tiempo: regulación menor, más pensada y adaptada a la realidad de cada tipo de empresa y mercado, y una mayor incidencia de la supervisión, objetiva y sin peajes de tipo político. En este sentido, el mercado lo hace enormemente mejor que cualquier intervención pública, pues cuando ésta ha actuado, normalmente para limitar el “poder” del propio mercado, ha sido cuando mayores escándalos se han producido.

Adicionalmente, el mercado es infinitamente más rápido, no sólo en el control, sino en la toma de decisiones, en este caso “castigando” la cotización de los títulos de las empresas no cumplidoras, que cualquier organismo público, con mayor diferencia aún si nos centramos en el ámbito judicial, en el que las cuestiones económico-financieras, seguramente por desconocimiento, se eternizan en las salas de los diferentes juzgados. No hay mal que por bien no venga si este suceso sirviera como acicate para mejorar estos aspectos. Nos tememos que en esta, como en muchas ocasiones anteriores, el “tren pasará de largo” sin subirnos al mismo.

Por último, no quisiéramos terminar sin comentar algunas repercusiones sobre los accionistas y sus derechos y responsabilidades. No nos queda ninguna duda de que han sido engañados, en eso consiste un fraude. Ni de que algunos seres humanos, por naturaleza, seguirán intentando engañar al prójimo. Pero quisiéramos ligar estas ideas con los resultados recientemente publicados por el informe PISA, que vuelven a dejar en mal lugar a los adolescentes españoles en cuestiones de economía doméstica. Quizá se estén preguntando sobre las relaciones entre estos hechos, pero déjenme que seamos nosotros quienes realicemos las cuestiones: si no somos capaces de identificar el mejor momento, sobre una gráfica histórica de precios, para comprar o vender una acción, ¿cómo vamos a ser capaces de valorar la oportunidad, el riesgo, la rentabilidad o recompensa de algo tan volátil como lo es la actividad empresarial? Es más, ¿está la sociedad española preparada para mercados como el MAB, el MARF (mercado alternativo de renta fija) o cualquier otra iniciativa que mejore las fuentes de financiación de las empresas, si no somos capaces de elegir, en función del precio, entre comprar los tomates a granel o envasados?

Puede que les resulten graciosos estos comentarios, pero quisiéramos que vieran, como así deberían observarlo nuestros representantes políticos, la verdad que se oculta en estos resultados y actúen en consecuencia en las bases del problema: educación y formación.