Publicado por El Economista el 17/01/2013
Recientemente, los reguladores internacionales reunidos en Basilea, Suiza, acordaron rebajar las exigencias de liquidez que las entidades financieras deben mantener. Lo primero que hay que decir es que las reglas emanadas por este organismo, el Banco de Pagos Internacionales, más conocido por sus siglas en inglés (BIS), no tienen fuerza ejecutiva hasta que cada país lo incorpora a su entramado legislativo, cosa que en Europa se realiza con bastante rapidez, al contrario que en EEUU, donde la lentitud de adaptación a estos compromisos es palpable.
Esa liquidez bancaria se mide a través de los activos que las entidades tienen y que pueden ser vendidos rápida y fácilmente (sin pérdida) de forma que les permita hacer frente a una inesperada retirada de depósitos por parte de la clientela. Con estas nuevas relajadas reglas, para cumplir con la ratio de cobertura de esta liquidez sería posible utilizar títulos de renta fija de una calificación crediticia más baja (peor o con mayor riesgo de crédito), e incluso acciones o títulos de renta variable, a priori con mayor riesgo de liquidez y de precio.
Adicionalmente, se prorroga el tiempo para cumplir con dichas exigencias, ampliándose hasta el primero de enero de 2019, frente al plazo anterior, que finalizaba en el mismo día pero de 2015.
La noticia puede generar controversia ante el clamor popular de que los bancos paguen por sus errores del pasado y por su responsabilidad en la crisis presente. En esta línea, el castigo para sus accionistas sería el tener que destinar parte de sus recursos a activos líquidos, por definición poco rentables, pero que representen gran solvencia, como forma de asegurar que una crisis como la actual no se vuelva a producir.
Sin embargo, la medida inicial podría ir en contra de otra premisa que en la actualidad está cobrando mayor relevancia: conseguir que las economías vuelvan a la senda del crecimiento. Todos los recursos que los bancos destinen a cumplir los requerimientos de liquidez y solvencia son recursos que no se destinan a los préstamos a empresas, autónomos o particulares, en definitiva a la inversión y consumo, que por definición no son líquidos.
Es normal y muy comprensible que todos aquellos que nos ponemos en el lugar de las víctimas de las malas prácticas bancarias y las propias víctimas podamos ver inapropiadas estas nuevas regulaciones (más cuando se observa que las ayudas financieras también tienen como destino los bancos y no los que peor lo están pasando: las personas).
Pero la labor que ahora se presenta ineludible es hacer ver a estas personas que, tal y como está estructurado el sistema financiero a nivel internacional, la única vía para salir de este atolladero de la recesión es contar con el papel de los bancos. Otra cosa será idear un nuevo modelo que evite estas situaciones, pero que sólo se puede diseñar e implementar cuando el problema se haya resuelto.
El debate que debería surgir tras todo lo anterior es si con esta medida únicamente se puede conseguir recuperar el crecimiento económico o, mejor dicho, qué otras acciones deben implementarse para alcanzar este objetivo. Cualesquiera que sean las decisiones, han de ir en la dirección de no disminuir aún más la renta disponible de consumidores y empresas por la vía impositiva, relajar en el calendario los ajustes o recortes necesarios para hacer competitiva nuestra economía y, de una vez por todas, acometer la verdadera reforma de la Administración Pública.
En cualquier caso, cinco años después del estallido de la crisis, la banca gana. Ahora queda esperar que hayan aprendido de sus errores, ayuden a generar crecimiento y su victoria no sea especialmente algo malo.
