Publicado en El Economista el 27/09/2012
Gran parte de la atención, y tensión, que se respira en los mercados internacionales se concentra en España y su situación. La razón hay que buscarla en varios acontecimientos que, unos más tarde, otros más temprano, tendrán lugar, esperemos que con decisiones acertadas por parte de los responsables.
El primero de ellos es la presentación esta misma semana de los Presupuestos Generales del Estado. Están siendo muchas las filtraciones sobre cuáles serán las partidas que más sufran los recortes, o cuáles no se verán afectadas. Sin duda es un tema candente, pues de ello dependerá la credibilidad de lograr cumplir con un objetivo de déficit seguramente ya poco creíble por los analistas. La medida anunciada de rebajar en un veinte por ciento los presupuestos de cada uno de los ministerios, viene acompañada del aumento del uno por ciento de la partida dedicada a pensiones. Nuevo foco de tensión al no reducirse gasto estructural a favor de inversiones productivas. En cualquier caso, la solución no puede venir por la subida, aún más, de los impuestos, aunque algunos así lo soliciten, sino por la realización, de una vez por todas, de las tan necesarias reformas estructurales.
El segundo punto de atención se encuentra en la valoración de las necesidades de capital de los bancos, poniéndose en duda la verosimilitud del resultado de las auditorías. Punto crucial éste también para dar por zanjada la enésima reforma de nuestro sistema financiero.
Por último, las numerosas apuestas sobre si el gobierno solicitará finalmente la compra de nuestra deuda por parte del Banco Central Europeo, o sobre las condiciones finales de lo que se viene llamando el “rescate light”.
Cuestiones todas que impiden que la tan comentada prima de riesgo no logre relajarse más. Y es que todos los temas están estrechamente relacionados: la deuda pública y su efecto en el cumplimiento del déficit está ligada a la ayuda al sector financiero, pues mientras no se haga realidad la posibilidad de que los fondos europeos puedan financiar directamente a los bancos, esta inyección de liquidez no servirá sino para alejarnos aún más del cumplimiento del déficit.
Por si fuera poco, la agencia de calificación Moodys ha publicado un informe en el que alerta sobre la posibilidad de rebajar los ratings de las eléctricas españolas como consecuencia del proyecto de ley con nuevas medidas de carácter fiscal, proyecto que trata de hacer frente al problema más importante que tiene actualmente el sector eléctrico en España, lo que se conoce como déficit tarifario, que a diciembre de 2011 alcanzaba los veinticuatro mil millones de euros; pero que sin embargo lo hace sin afrontar la reforma energética necesaria y sólo lo intenta paliar modificando la fiscalidad de la generación energética.
El riesgo de rebaja de calificación no se centra únicamente en empresas eléctricas, sino que se plantea también sobre todo el Estado español, haciéndole llegar a grado especulativo. Un hecho éste que implicaría una subida vertiginosa de la prima de riesgo sin ningún género de dudas.
En definitiva, España de nuevo protagonista, muy a nuestro pesar, del volátil entorno internacional.
