Para que fluya el crédito

Publicado en Diarioabierto.es, el 27 de marzo de 2012

El Gobierno está estudiando diferentes fórmulas para conseguir que el dinero que se supone tienen los bancos acuda al rescate de la actividad económica en nuestro país. No hay que olvidar que en una economía en crecimiento, la recaudación por impuestos sube, así como disminuye el gasto social vía menor número de desempleados.

La última propuesta en este sentido ha sido pedir a la banca que no reparta dividendos y que destine dicha cuantía a la concesión de préstamos. Sin entrar en cuestiones teóricas acerca de si, en los momentos actuales, se debe repartir o no dividendos a los socios que han aportado un capital y lo han arriesgado, buscando obtener cierta rentabilidad, en nuestra opinión, éste no es el camino.
El negocio tradicional de los bancos (que muchos de ellos no deberían haber abandonado nunca, lo que les hubiera evitado muchos problemas), consiste, de forma muy sencilla, en conseguir dinero, normalmente barato (véase en este sentido el 1% de la barra de liquidez del Banco Central Europeo) y dedicarlo a la concesión de préstamos y créditos a un tipo superior, consiguiendo como beneficio la diferencia entre el tipo cobrado y el tipo pagado por los recursos (el conocido como margen de intermediación).
Para esta concesión de préstamos, los bancos analizan el riesgo percibido de los clientes, esto es, si van a ser capaces o no, asignando probabilidades, de devolver el dinero prestado más los intereses. Es por ello que les resulta muy sencillo, de forma acentuada en los momentos actuales, prestar al Estado, vía compra de Deuda Pública, que destinar ese mismo dinero a financiar empresas -en dificultades y con un escaso mercado por la falta de consumo-, autónomos –con una alta tasa de morosidad- o emprendedores –con un alto nivel de riesgo-.
Seamos serios, la forma de conseguir que el dinero fluya a la economía productiva (estamos considerando que la Deuda Pública no lo es y en un alto porcentaje esta premisa se cumple) es dejando dicha economía productiva como la única posibilidad de inversión a los bancos. Lo que queremos decir es que si se reduce drásticamente el déficit público, incluso si se elimina, y si se deja de acudir al endeudamiento por parte del Estado (si realmente se hace un estudio y una reforma de las duplicidades o triplicidades de nuestras administraciones, por la vía del gasto todo lo anterior es posible, de verdad), los bancos casi estarán obligados a prestar a empresas y familias, pues será la iniciativa privada la única alternativa con la que contarán para invertir sus recursos y cumplir su función y ganar dinero.
Esto es simplemente el evitar lo que se conoce como efecto expulsión (crowding out) del sector privado respecto al público. ¿Una visión demasiado simplista? A veces lo complejo no es la solución, sino parte del problema.

Reforma financiera, versión 2012

Publicado en El Economista el 6 de febrero de 2012

La mal llamada reforma del sistema financiero, versión 2012, establece como principal objetivo el conseguir que el dinero fluya hacia la inversión productiva y el consumo, favoreciendo la financiación de empresas, autónomos y particulares. De la misma forma, persigue la mejora de la confianza de los inversores, principalmente extranjeros, en nuestro sistema financiero, lo que facilitaría el acceso a los mercados de capitales de nuestras entidades, mediante la representación de la imagen fiel de sus balances.

Realmente, en este último punto, no se trata de una reforma propiamente dicha, pues se supone que los estados contables deben siempre reflejar la realidad patrimonial de las compañías, es decir, la legislación existente ya definía este requisito y ahora lo que se pretende es supervisar que realmente se está cumpliendo la norma.

En lo que se refiere a la mejora de la financiación de la economía real, presupone que las medidas tomadas, más exigentes en la dotación a provisiones de los créditos dudosos procedentes de los activos inmobiliarios e hipotecarios, generarán una liquidez provocada por la venta de activos, que las entidades dedicarán precisamente a esa financiación. Mucho suponer.

Primero, sí que es probable que las nuevas exigencias de provisiones genéricas y aún más las específicas, consigan aligerar los balances de inversiones hipotecarias de los bancos. Que ese descenso se traduzca en una rebaja de los precios de estos activos, aunque deseable, está todavía por ver.

Segundo, si se generan nuevos recursos de esta forma, las entidades disponen de varios destinos alternativos: Pueden, y deben, destinarlos a cumplir los nuevos requerimientos de capital impuestos por la Unión Europea y la propia legislación española. Es probable que destinen los mismos a adquirir deuda pública, ya sea porque es fundamental su participación para seguir financiando el déficit de todas nuestras administraciones, ya sea porque puede ser esta inversión menos arriesgada, relativamente, que hacerlo al sector privado, produciéndose el pernicioso efecto crowding out o de expulsión de la financiación productiva privada. O, por último, pueden dedicarlos a financiar empresas, nuevos proyectos y consumo, lo que revitalizaría la creación de empleo y la actividad económica, que es el objetivo perseguido mediante el compromiso que requiere el gobierno de las instituciones financieras por la responsabilidad social que este tipo de entidades tienen. Pero, ¿realmente la nueva financiación generaría crecimiento, o debe ser el propio crecimiento el que anime a bancos a financiar la iniciativa privada?

Dicho de otro modo, creemos que es en un contexto de crecimiento económico en el que los nuevos proyectos empresariales, o las actividades de expansión de las existentes, tienen más probabilidades de éxito, esto es menos riesgo y, por tanto, más factibles de financiarse.

Es por lo anterior que esta reforma queda escasa y es necesario complementarla con la reforma laboral y la de las administraciones públicas, profundizando no sólo en la reducción del déficit (disminuyendo sus necesidades de financiación y dejando más dinero para otras actividades más productivas), sino también en la austeridad de las cuentas públicas. Hay que eliminar la política de la subvención, en todos los ámbitos, y cambiarla por una mentalidad de esfuerzo. Dedicar recursos a sectores de mayor valor añadido e ir reduciendo la dependencia del empleo de sectores poco productivos.

Hay que mejorar el entorno económico para que las empresas se encuentren más dispuestas a seguir creciendo, a que los emprendedores se animen a poner en marcha sus ideas y que los consumidores no vean peligrar su puestos de trabajo (o mejoren sus expectativas de encontrar un empleo estable) para que consuman más. Y ahí entrarán las entidades financieras y su financiación en un entorno más favorable.

Y ya que estamos en la reforma del sistema financiero, ¿por qué dejar sólo a estas entidades el papel de financiar el crecimiento?, ¿por qué no mejorar el funcionamiento de otras entidades e instrumentos para que funcionen mejor y se dediquen precisamente a cumplir con su objeto? Nos referimos a la Garantía Recíproca, el Capital Riesgo en sus diferentes versiones, el Crédito Oficial o el Mercado Alternativo entre otras. Incluso pensar en otras alternativas innovadoras, pues es ahora cuando más necesaria resulta la innovación, ya que esta crisis requiere de soluciones novedosas para su superación.

Es bueno revisar el objetivo de déficit

Publicado el 27/01/2012 en El Economista

Sea cual sea el ámbito en el que se utilicen y fijen los objetivos, éstos deben cumplir, entre otras, la condición de creíbles o alcanzables. Si esta premisa la trasladamos a los objetivos de déficit público establecidos para España y otros países con problemas por parte de la Unión Europea (véase Alemania), ésta no se verifica: incumplido ya el de 2011 y con bastante desviación, parece muy difícil de conseguirse los previstos de 4,4 por ciento para 2012 y 3 por ciento para 2013.

La razón es obvia, pero repasemos brevemente la situación. Para reducir el déficit (diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta, siendo este último de mayor cuantía), sólo existe maniobra para influir en el resultado por la vía de los ingresos o de los gastos, lógicamente.

En cuanto a los gastos, el Gobierno español ha dado pasos en la buena dirección al disminuir subvenciones (sería necesario incrementar el descenso en las mismas), reducir gastos superfluos o eliminar aquellos que no son totalmente necesarios. Aún queda camino, mucho, que recorrer, para conseguir la verdadera austeridad de las administraciones públicas, así como llegar a un funcionamiento verdaderamente eficiente a través de una reordenación total de la organización de lo público en toda España.

En la parte de los ingresos, el aumento de los mismos se puede conseguir a través de dos formas: bien subiendo impuestos, bien aumentando la base de personas y de cantidades que deben pagar las diferentes figuras impositivas. También es factible, de hecho es la mejor opción, realizar un uso combinado de ambas. La subida de impuestos ya se está realizando (no descartamos que haya más) y esta medida tiene de positivo la rapidez de su resultado. Sin embargo, es negativa en el sentido de que drena renta para consumo, que redunda en un menor gasto de personas y empresas y no dinamiza la actividad económica interior. Si a esto le sumamos la actual situación de recesión, esta medida no sólo no sería positiva sino que incrementaría la dificultad y el tiempo para salir de esta crisis.

Es por ello que lo lógico es actuar sobre la base de personas y cantidades. Si hay más contribuyentes, ganando más, los ingresos por impuestos aumentan. Por esta razón aún se le echa en falta al Gobierno, tal y como prometió antes de su victoria en las urnas, las medidas encaminadas a fomentar la actividad de empresas, autónomos y emprendedores, que lleve a incrementar el nivel de contratación, reduzca el número de parados (que además implicará menores pagos por prestaciones de desempleo) y mayores ingresos impositivos. El inconveniente de esta medida es la lentitud de su respuesta, primero porque son necesarias las manidas reformas estructurales (laboral, financiera, de la administración pública) y segundo, porque aun tomándose e implantando estas reformas, su traslado a la economía real se produciría paulatinamente en el tiempo. ¿Y tenemos tiempo?

Si se mantienen los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea y sus plazos correspondientes, no hay tiempo y la única solución es actuar sobre la recaudación impositiva a la castigada clase media, con los resultados más que previsibles de empeoramiento y contracción en el crecimiento español.

Adicionalmente, en esta situación, los mercados financieros estimarían la práctica imposibilidad de cumplimiento de estos objetivos, es decir, actualmente no son creíbles por inalcanzables, y los pérfidos especuladores atacarían nuevamente a la deuda española, con primas de riesgo de nuevo en máximos y apareciendo una zancadilla adicional a la posible recuperación al ser el dinero más caro para nuestro país.

Si se revisan esos objetivos, de forma consensuada, planificando los plazos según la situación real de partida, imponiendo un calendario exigente pero creíble, los mercados lo analizarían de forma positiva. Más aún si finalmente se ponen en marcha los verdaderos mecanismos de rescate necesarios para garantizar la estabilidad de todos los miembros de la Unión Europea.

Para nada valen las sanciones por incumplimiento de estos actuales objetivos, pues abundarían en el agujero de la recesión, incitarían el movimiento especulativo de los mercados y no llevarían más que a la afirmación de lo inválido que eran las premisas de partida.

El mundo cambia, también lo hacen las variables económicas, además por definición, y lo que deben hacer los gestores, los buenos gestores, es variar sus planteamientos para adaptarse a esos cambios. Eso es lo que de verdad valora el mercado.

La hora de los valientes

Hace unos meses, el Fondo Monetario Internacional nos pedía la realización de más reformas y más valientes que las efectuadas hasta el momento. Esa es la clave: la valentía, pues es eso lo que necesita España.

Requerimos políticos valientes: aquellos que tomen las imperiosas decisiones en función de los intereses de España y no de sus partidos, con el objetivo de acabar de una vez por todas con la crisis y no con su particular fin último de conseguir ganar unas elecciones para permanecer en y/o acceder al poder. Políticos valientes que no traten a la ciudadanía como un rebaño de borregos y sean capaces de explicarnos porqué son esas las ineludibles reformas y, aunque sean dolorosas para todos, cómo son las únicas que se pueden llevar a cabo en estos momentos. Políticos valientes que tomen dichas medidas a pesar de que puedan tener una repercusión negativa en comicios posteriores. De verdad que pensamos que si se explicaran bien estas medidas, los españoles las comprenderíamos y esas consecuencias en el número de votos no serían las que en un principio creen.

Pero no acaban ahí los valientes necesarios. Precisamos de banqueros valientes: aquellos que apuesten por el tejido empresarial y, con la labor que se les presupone deben realizar, “arrimen el hombro” para salir de este agujero. No estamos pidiendo que sean osados o arriesgados -ese es el peor perfil que pueden tener estos profesionales (una de las causas que han originado la crisis presente)-, sino que sean capaces de, mediante propuestas y soluciones innovadoras, financiar proyectos empresariales que vuelvan a generar empleo y riqueza, para ellos, para los propios emprendedores y, por ende, para la sociedad en su conjunto.

Demandamos empresarios y emprendedores valientes: los que con el empuje y perseverancia que les caracteriza, pongan en marcha esos proyectos, esos negocios más o menos innovadores, que contraten para crecer, que se expandan fuera de nuestras fronteras, que busquen y generen su beneficio, pues si a ellos les va bien, a los trabajadores les irá bien y España se aprovechará de todo ello.

Solicitamos trabajadores valientes: que seamos capaces de, incluso rebajando un poco nuestras pretensiones-que no implica eliminar los derechos por los que todos hemos luchado-, trabajemos, y trabajemos más, y seamos más productivos, y seamos capaces de movernos de nuestras casas allá donde exista trabajo, cambiar de nuestro sector donde tenemos experiencia a otros donde debemos empezar prácticamente desde cero y, sobre todo, que no vivamos de subvenciones, ayudas o subsidios totalmente improductivos a medio y largo plazo.

Exigimos ciudadanos valientes: que todos seamos capaces de entender el momento dramático para muchos por el que estamos pasando y comprender que nadie nos va a solucionar este gran problema salvo nosotros mismos. Que estemos abiertos a sacrificios y esfuerzos y no sólo a exigencias, recriminaciones e indignaciones. Que trabajemos todos por este proyecto común que es España.

Basta ya de mirar al pasado y analizar cómo hemos llegado hasta aquí, o de quién ha tenido la culpa. Es el momento de mirar hacia delante, de “coger el toro por los cuernos” y de salir de este pozo entre todos. No somos optimistas, no somos buenistas, simplemente pensamos que es la única alternativa, no la mejor o la peor, sólo la única. Es la hora de los valientes.

Inhumana gestión de Recursos Humanos

No sé si es por la crisis, o política generalizada en cualquier momento, pero las empresas están aprovechando la situación actual para exprimir a sus trabajadores. Digo las empresas, pero en realidad se trata de sus directivos, muchos de ellos con la única virtud de haber contado en su momento  con un buen enchufe (networking según jerga políticamente correcta) y con la excusa de rendir cuentas a los accionistas, hacer y deshacer a su antojo, sin pensar en personas, situación real de las compañías u otras cuestiones importantes.
Sé que hay muchas empresas que lo están pasando mal, muy mal. Y para poder sobrevivir deben ajustar plantillas, o repartir el trabajo que hay entre el número de empleados con la consiguiente rebaja de salario. Bien, estas son actitudes muy loables, tanto para quien las propone como para quien las acepta.
El problema está en las empresas que ganan dinero, mucho dinero (a la vista de los dispendios existentes de los propios directivos así debe ser) que aprietan las tuercas en el trabajo a sus inferiores, planteándoles rebaja de sueldo o despido en caso de no aceptación, aprovechándose que esas personas no pueden perder el único sustento que tienen.
Muchas veces he estado a favor de la reforma laboral, de la flexibilidad del mercado laboral. Lo sigo estando pues creo que es una reforma necesaria en España. Pero no puedo estar a favor de ésto, que no forma parte de esta reforma.

Cumbre europea: ascensos sin llegar a coronar

Publicado en El Economista, el 12/12/2011

Ha terminado la cumbre europea y sus conclusiones giran en torno a cuatro puntos fundamentales. A saber: se establecen una serie de reglas fiscales que permitan mantener la deuda pública bajo control, normas que deben incorporarse a la legislación nacional de cada Estado miembro.

En segundo lugar también se señalan las sanciones, automáticas, en caso de incumplimiento de los anteriores principios. En tercer lugar, se crea un fondo de rescate permanente, cuya gestión corresponderá al Banco Central Europeo (BCE). Por último, se realizará un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Éxito o fracaso?

¿Ha sido un éxito o un fracaso esta cumbre europea? La verdad es que sólo el tiempo será capaz de responder a esta cuestión. Sin embargo, si bien no cabe duda de que se han dado pasos positivos en el sentido de conseguir un modelo estable de la eurozona, no se han establecido mecanismos que acaben con las tensiones en las primas de riesgo de la deuda periférica.
La obligación de incorporar el límite de déficit del 3% en las legislaciones nacionales ayudará a conseguir la ortodoxia fiscal, una disciplina presupuestaria impuesta que justificó muy bien el ministro francés de Finanzas: en las condiciones actuales, "reducir nuestro endeudamiento supone recuperar plenamente nuestra soberanía". Igualmente se ha añadido un tope de déficit estructural, definido como aquél que es independiente del ciclo económico, del 0,5%, junto a un mecanismo de sanciones que se pondrá en funcionamiento de forma automática cuando algún Estado miembro no cumpla sus compromisos y cuya deuda se eleve por encima del 60% del Producto Interior Bruto.
En este punto, los interrogantes se producen en torno a la posibilidad de que alguno de los países no sea capaz de incorporar a su legislación estos límites, o que el proceso para hacerlo se eternice (en caso de que se tenga que someter a referéndum). Del mismo modo y tal y como hemos señalado en otras ocasiones a través de estas páginas, el énfasis en el ajuste podría dificultar la aplicación de las reformas estructurales imprescindibles para aportar lo realmente necesario en este momento: crecimiento económico.

Integración política de la UE

También hay que resaltar la lentitud en ofrecer resultados que tendrían estas medidas. Sin lugar a dudas, otra de las cuestiones que se debe aún concretar es la verdadera integración política de la Unión Europea. Una toma de decisiones única, más rápida, con unas instituciones comunitarias más ágiles, autónomas y realmente integradas. Y esta parsimonia va en contra de lo perentorio, que no es otra cosa que la tormenta actual en los mercados financieros sobre los títulos de deuda soberana y sus repercusiones sobre el resto de valores europeos (los de las entidades financieras principalmente).
¿Qué se puede hacer en este aspecto? Las decisiones adoptadas en cuanto al establecimiento de un fondo de rescate permanente o la aportación al FMI representan pasos positivos (aunque un rescate por parte de este organismo puede que no sea la mejor alternativa), pero no parecen ser suficientes. Hacen falta más medidas para frenar la volatilidad de las primas de riesgo. Descartada, al menos por ahora, la emisión de bonos europeos, queda poco por hacer, salvo utilizar realmente al BCE como prestamista en última instancia o permitir que compre títulos de deuda en el mercado con el objetivo de estabilizar sus rentabilidades.
La creación de los euros necesarios para que los países hagan frente a sus deudas tendría un efecto inflacionario, lo que va en contra de sus objetivos de política monetaria. La compra masiva en el secundario fue en principio sugerida, aunque luego desmentida, por el propio Draghi. Está claro que el BCE espera que la ortodoxia fiscal acabe por tranquilizar a los mercados, de forma que no sean necesarias ninguna de estas medidas que acaban monetizando la deuda.
Por lo tanto, lamentablemente habrá que seguir esperando. Y lo peor es que el tiempo, lo llevamos diciendo también desde hace mucho, va en nuestra contra.

Bomberos pirómanos

Bomberos pirómanos

Publicado el 18/10/2011 en El Economista

Aún no se conocen en su totalidad las líneas maestras del plan de recapitalización de la banca europea que mantiene en vilo a estas entidades. Y precisamente son los principales encargados de mantener la calma y generar confianza en los mercados los causantes de avivar el fuego de la incertidumbre.

El pasado fin de semana, Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, señaló que los países miembros de la Unión están cerca de un acuerdo sobre un “plan muy serio” para reforzar las entidades financieras y ayudar a contener la crisis fiscal, sin indicar nada concreto y dejando los detalles para los próximos días. Pero está siendo esta tardanza en la toma de decisiones, como ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores,  una nada desdeñable fuente de riesgos y tensiones.

Esas tensiones vienen provocadas por lo que se va revelando en cuanto al contenido de esa “hoja de ruta”. A saber, que la Autoridad Bancaria Europea planea incrementar las exigencias de capital en el conocido como Tier 1 (fondos propios de máxima calidad) hasta el 9%; que el tratamiento de la deuda soberana no va a computar en esta partida, pues se baraja cierta devaluación para estas carteras; que el momento para recapitalizar puede que no sea el más oportuno; y que cada vez parece más probable la implantación de una tasa a este tipo de instituciones.

En primer lugar, el momento, no es el más oportuno por dos razones: por la propia recapitalización de las entidades financieras, que deben acudir a un mercado poco líquido, con falta de recursos financieros y en el que van a encontrar serias dificultades para acceder a nuevos fondos en condiciones “normales” de coste. Además, el competir en el mercado por liquidez para financiar los nuevos requisitos de capital detraerá esta liquidez al resto de empresas no financieras (grandes, pymes y autónomos) en un momento en que lo ideal fuera que cumplieran su objetivo fundamental, financiar la actividad productiva, tan necesitadas como están todas las economías por incrementar su crecimiento.

La rebaja de la ponderación como capital básico de la deuda soberana, haciendo que estos títulos no computen como de máxima solvencia tampoco es baladí. Primero, porque se trataría de cambiar las reglas del juego una vez comenzada la partida. No hay que olvidar que muchas entidades han comprado deuda de sus respectivos estados, ayudando a financiar los déficit, pero con la contrapartida de no tener que provisionar una poco probable devaluación de sus valores, pues siempre se han considerado como activos libres de riesgos. Además, en la mayoría de las ocasiones y más en los últimos meses, esta financiación no ha sido realizada de forma voluntaria. Si esto finalmente se produce, muchas entidades no ayudarán a financiarse a los países, al menos no de forma estrictamente voluntaria, lo que complicaría aún más la situación.

Y sobre la tasa a las entidades financieras, pues más de lo mismo. Ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores: se incrementarán los costes de financiación de los clientes de activo de la banca (o se disminuirá la rentabilidad de los clientes de pasivo), pues esta repercutirá en sus operaciones todos los conceptos de coste, con el resultado de constreñir aún más el crédito, no sólo porque no haya dinero, que no lo habrá, sino porque el que exista será más caro.

Y si el anterior panorama fuera poco desalentador, una “reputada” agencia de rating acaba de anunciar que el sistema financiero español lo va a pasar aún peor. Cuestión que a tenor de lo comentado parece lógico, aunque eso sí, ahora ya oficial.

La verdad es que existirá mucha gente que esté contenta de que los bancos lo pasen mal, pero si este tipo de entidades atraviesan por dificultades, peor lo pasarán el resto de agentes (empresas no financieras, autónomos y familias). Aquí habría que aplicar una máxima: si quieres que todo –en una economía- funcione, que funcionen los bancos, que les vaya bien (como institución, no a sus gestores), pues eso movilizará recursos, inversión y, por ende, crecimiento.

Si realmente se quiere acabar con todos los problemas, en lugar de complicarle la vida a los bancos con más regulación (lo que hay quehaceres mejorar la supervisión), la solución está muy clara: eliminar el déficit público. Lo difícil en este caso, ya no es cómo hacerlo, sino que quien debe poner las medidas necesarias se atreva a hacerlo.