Funcionarios y Empleados Públicos

Hoy he estado en una oficina de Bankia, no porqe tuviera cuenta allí, sino por pagar un recibo de una tasa municipal que sólo permite abonarla en esta entidad. Mientras esperaba, que ha sido bastante tiempo, junto con otros nueve clientes (se han llegado a acumular doce personas esperando realizar sus operaciones en caja), uno de los trabajadores de la entidad se dedicaba a escribir correos electrónicos particulares (si este sábado viene ti tía de visita, si luego tenemos que hacer una gran compra en el súper, ...). Lo he visto por cómo estaba diseñada esta oficina, un poco rara, en el que empleado da la espalada a quienes esperan y éstos pueden ver su "trabajo".
No es que no pueda madar mail personales, como era el caso, yo lo hago, pero ello no influye en mi trabajo. Me explico, yo, durante mis clases o mis tutorías no mando correos. Espero a terminar con mis "clientes" y, si hay muchos, por supuesto ni se me ocurre hacer nada que no sea atenderles.
Alguien puede pensar que Bankia es una entidad privada, pero ya no, recordemos que está nacionalizada y, por tanto, ese sueldo lo pagamos entre todos. No debe estar muy preocupado por su trabajo este señor cuando no atiende correctamente a la clientela, dejando un buen tiempo para que se piensen si hacen bien en seguir teniendo sus ahorros en esa entidad. ¡En fin, debe pensar que es funcionario mal entendido y que su puesto está asegurado!

Cambiando un poco de tema, aunque no el fondo, mientras esperaba he podido observar que en esta sucursal, supongo que al igual que en todas, había tres pantallas (televisiones) de plasma, en las que en forma de bucle se pasaban ofertas y noticias de la entidad. ¿Alguien se pregunta todavía dónde está el agujero de Bankia? Entre otras cosas, en este tipo de ostentaciones innecesarias.

Otra sanidad para ricos

La situación es crítica. Las soluciones están ahí, sólo hay que tener voluntad de llevarlas adelante (adelgazar la estructura administrativa inflada para nuestra capacidad de crecimiento. Véanse comunidades autónomas y municipios pequeños). Pero en lugar de eso, el actual gobierno cae en las mismas "ocurrencias" que el anterior. Ahora toca la propuesta de una sanidad o una educación diferentes, en función de tus rentas. Es decir, ahora ya no somos todos iguales, sólo unos pocos.
Pero veamos la realidad: ¿Alguien cree que ganando 100.000 euros, o incluso menos, al año, una familia acude a la consulta del ambulatorio de su barrio? ¿No es más real reconocer que esos ciudadanos están pagando un seguro privado? En definitiva, están aportando, vía impuestos revolucionarios, como el que más, pero  ... NO CONSUMEN SERVICIOS. Es decir que contribuyen a financiar la sanidad de otros que no pueden (o no quieren), pero el gasto de utilizar esos mismos servicios es mucho menor, cuando no inexistente. Son aportantes netos al sistema.
Pero es que en educación pasa exactamente lo mismo: esas rentas llevan a sus vástagos a la educación privada. Incluso muchos políticos, por no decir todos, incluidos los que se jactan de las bondades de la educación pública, que las tiene, llevan a sus hijos e hijas a colegios y universidades privadas. Por lo tanto, también están pagando mediante sus impuestos unos servicios de los que no se están aprovechando.
Eso es solidaridad, obligatoria, pero solidaridad al fin y al cabo. ¿Y ahora quieren que, en el caso de acudir, por las razones que sean, a esos servicios, se pague más?
NO, no es el camino.
Primero por el hecho de que esas rentas, como he comentado antes son aportantes netas al sistema, por lo que no hay que gravarlas más.
Segundo por que es un desincentivo a la responsabilidad (mejores puestos, con mayor responsabilidad, generan mayores ingresos), al trabajo y al esfuerzo (buscar otros trabajos que complementen los sueldos no es una buena medida visto lo visto por sus repercusiones).
No, es mucho mejor subvencionar y subvencionar, no sólo a los españoles, sino a todos los que por aquí vienen, de paso o ex profeso.
Lo lógico sería una racionalización de ese subvenciones: ¿Por qué tener traductores a todas las lenguas habidas y por haber en los ambulatorios por si acaso? Yo cuando me muevo a otro país no me traduce nadie y me tengo que buscar la vida. ¿Por qué sanidad gratis universal, y recalco lo de universal? Que paguen los que vienen aquí a operarse, con tratamientos más costosos, simplemente porque en su país sí que tienen que abonar cantidad. ¿Por qué operarse de cosas que no tienen la mayor importancia o no son de vida o muerte, pero sí suponen unos costes elevados? Los caprichos se los paga cada uno, si puede, que por algo son caprichos.
O en educación universitaria, que conozco bastante bien, ¿por qué subvencionar la matrícula de unos alumnos/as que luego no aparecen por clase? ¿No sería más racional ligar becas y ayudas al mérito y al esfuerzo? El principio del "café para todos", la política de la subvención para atar futuros votos, el despilfarro del dinero público que no es de nadie, la proliferación de parcelitas de poder (vénase autonomía y municipios) en las que el político de turno hace y deshace a voluntad (y es que el poder corrompe), ...Todo esto está llevando a la ruina a este país.
Ahí es dónde hay que atacar el despilfarro, además de aligerar la administración.
Claro, pero eso no les conviene, no.

Amnistía para los que defraudan

La propuesta del partido en el Gobierno de amnistiar fiscalmente a los defraudadores que mantienen dinero no declarado, fruto de operaciones opacas que no han tributado y, por tanto, no han aportado lo que debiera al bien común -se esté o no de acuerdo con las normas y con el destino de ese dinero para ese bien común-, no puede estar más equivocada.

Puede que la urgencia por recaudar dinero con el que "salvar" de alguna forma las maltrechas cuentas de la economía española sea vista como la justificación idónea para su aprobación. Pero no debe ser así.

La lacra del fraude fiscal debe perseguirse y la forma de hacerlo debe ser reduciendo impuestos.

Sí, bajando la presión fiscal, el incentivo para "ahorrarse" unos euros, escatimándoselos a Hacienda (que, por tanto, no somos todos, sólo algunos) será menor y, en el caso de que aún así alguno se lo piense, perseguirlo e imponer unas multas de gran cuantía, que hagan finalmente de total efecto disuasorio.

Ese es -debe ser- el único camino.

La tradición periódica española de las amnistías fiscales es perniciosa, incentiva negativamente el cumplimiento de la norma, genera más y más dinero negro y tiene unos efectos devastadores en recaudación, en servicios posibles a ofrecer y en el ánimo de los contribuyentes, que sólo maldicen la mala suerte que tienen por estar controlados por una nómina, que no les permite mucho margen ... ¡para defraudar!

Para que fluya el crédito

Publicado en Diarioabierto.es, el 27 de marzo de 2012

El Gobierno está estudiando diferentes fórmulas para conseguir que el dinero que se supone tienen los bancos acuda al rescate de la actividad económica en nuestro país. No hay que olvidar que en una economía en crecimiento, la recaudación por impuestos sube, así como disminuye el gasto social vía menor número de desempleados.

La última propuesta en este sentido ha sido pedir a la banca que no reparta dividendos y que destine dicha cuantía a la concesión de préstamos. Sin entrar en cuestiones teóricas acerca de si, en los momentos actuales, se debe repartir o no dividendos a los socios que han aportado un capital y lo han arriesgado, buscando obtener cierta rentabilidad, en nuestra opinión, éste no es el camino.
El negocio tradicional de los bancos (que muchos de ellos no deberían haber abandonado nunca, lo que les hubiera evitado muchos problemas), consiste, de forma muy sencilla, en conseguir dinero, normalmente barato (véase en este sentido el 1% de la barra de liquidez del Banco Central Europeo) y dedicarlo a la concesión de préstamos y créditos a un tipo superior, consiguiendo como beneficio la diferencia entre el tipo cobrado y el tipo pagado por los recursos (el conocido como margen de intermediación).
Para esta concesión de préstamos, los bancos analizan el riesgo percibido de los clientes, esto es, si van a ser capaces o no, asignando probabilidades, de devolver el dinero prestado más los intereses. Es por ello que les resulta muy sencillo, de forma acentuada en los momentos actuales, prestar al Estado, vía compra de Deuda Pública, que destinar ese mismo dinero a financiar empresas -en dificultades y con un escaso mercado por la falta de consumo-, autónomos –con una alta tasa de morosidad- o emprendedores –con un alto nivel de riesgo-.
Seamos serios, la forma de conseguir que el dinero fluya a la economía productiva (estamos considerando que la Deuda Pública no lo es y en un alto porcentaje esta premisa se cumple) es dejando dicha economía productiva como la única posibilidad de inversión a los bancos. Lo que queremos decir es que si se reduce drásticamente el déficit público, incluso si se elimina, y si se deja de acudir al endeudamiento por parte del Estado (si realmente se hace un estudio y una reforma de las duplicidades o triplicidades de nuestras administraciones, por la vía del gasto todo lo anterior es posible, de verdad), los bancos casi estarán obligados a prestar a empresas y familias, pues será la iniciativa privada la única alternativa con la que contarán para invertir sus recursos y cumplir su función y ganar dinero.
Esto es simplemente el evitar lo que se conoce como efecto expulsión (crowding out) del sector privado respecto al público. ¿Una visión demasiado simplista? A veces lo complejo no es la solución, sino parte del problema.

Reforma financiera, versión 2012

Publicado en El Economista el 6 de febrero de 2012

La mal llamada reforma del sistema financiero, versión 2012, establece como principal objetivo el conseguir que el dinero fluya hacia la inversión productiva y el consumo, favoreciendo la financiación de empresas, autónomos y particulares. De la misma forma, persigue la mejora de la confianza de los inversores, principalmente extranjeros, en nuestro sistema financiero, lo que facilitaría el acceso a los mercados de capitales de nuestras entidades, mediante la representación de la imagen fiel de sus balances.

Realmente, en este último punto, no se trata de una reforma propiamente dicha, pues se supone que los estados contables deben siempre reflejar la realidad patrimonial de las compañías, es decir, la legislación existente ya definía este requisito y ahora lo que se pretende es supervisar que realmente se está cumpliendo la norma.

En lo que se refiere a la mejora de la financiación de la economía real, presupone que las medidas tomadas, más exigentes en la dotación a provisiones de los créditos dudosos procedentes de los activos inmobiliarios e hipotecarios, generarán una liquidez provocada por la venta de activos, que las entidades dedicarán precisamente a esa financiación. Mucho suponer.

Primero, sí que es probable que las nuevas exigencias de provisiones genéricas y aún más las específicas, consigan aligerar los balances de inversiones hipotecarias de los bancos. Que ese descenso se traduzca en una rebaja de los precios de estos activos, aunque deseable, está todavía por ver.

Segundo, si se generan nuevos recursos de esta forma, las entidades disponen de varios destinos alternativos: Pueden, y deben, destinarlos a cumplir los nuevos requerimientos de capital impuestos por la Unión Europea y la propia legislación española. Es probable que destinen los mismos a adquirir deuda pública, ya sea porque es fundamental su participación para seguir financiando el déficit de todas nuestras administraciones, ya sea porque puede ser esta inversión menos arriesgada, relativamente, que hacerlo al sector privado, produciéndose el pernicioso efecto crowding out o de expulsión de la financiación productiva privada. O, por último, pueden dedicarlos a financiar empresas, nuevos proyectos y consumo, lo que revitalizaría la creación de empleo y la actividad económica, que es el objetivo perseguido mediante el compromiso que requiere el gobierno de las instituciones financieras por la responsabilidad social que este tipo de entidades tienen. Pero, ¿realmente la nueva financiación generaría crecimiento, o debe ser el propio crecimiento el que anime a bancos a financiar la iniciativa privada?

Dicho de otro modo, creemos que es en un contexto de crecimiento económico en el que los nuevos proyectos empresariales, o las actividades de expansión de las existentes, tienen más probabilidades de éxito, esto es menos riesgo y, por tanto, más factibles de financiarse.

Es por lo anterior que esta reforma queda escasa y es necesario complementarla con la reforma laboral y la de las administraciones públicas, profundizando no sólo en la reducción del déficit (disminuyendo sus necesidades de financiación y dejando más dinero para otras actividades más productivas), sino también en la austeridad de las cuentas públicas. Hay que eliminar la política de la subvención, en todos los ámbitos, y cambiarla por una mentalidad de esfuerzo. Dedicar recursos a sectores de mayor valor añadido e ir reduciendo la dependencia del empleo de sectores poco productivos.

Hay que mejorar el entorno económico para que las empresas se encuentren más dispuestas a seguir creciendo, a que los emprendedores se animen a poner en marcha sus ideas y que los consumidores no vean peligrar su puestos de trabajo (o mejoren sus expectativas de encontrar un empleo estable) para que consuman más. Y ahí entrarán las entidades financieras y su financiación en un entorno más favorable.

Y ya que estamos en la reforma del sistema financiero, ¿por qué dejar sólo a estas entidades el papel de financiar el crecimiento?, ¿por qué no mejorar el funcionamiento de otras entidades e instrumentos para que funcionen mejor y se dediquen precisamente a cumplir con su objeto? Nos referimos a la Garantía Recíproca, el Capital Riesgo en sus diferentes versiones, el Crédito Oficial o el Mercado Alternativo entre otras. Incluso pensar en otras alternativas innovadoras, pues es ahora cuando más necesaria resulta la innovación, ya que esta crisis requiere de soluciones novedosas para su superación.

Es bueno revisar el objetivo de déficit

Publicado el 27/01/2012 en El Economista

Sea cual sea el ámbito en el que se utilicen y fijen los objetivos, éstos deben cumplir, entre otras, la condición de creíbles o alcanzables. Si esta premisa la trasladamos a los objetivos de déficit público establecidos para España y otros países con problemas por parte de la Unión Europea (véase Alemania), ésta no se verifica: incumplido ya el de 2011 y con bastante desviación, parece muy difícil de conseguirse los previstos de 4,4 por ciento para 2012 y 3 por ciento para 2013.

La razón es obvia, pero repasemos brevemente la situación. Para reducir el déficit (diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta, siendo este último de mayor cuantía), sólo existe maniobra para influir en el resultado por la vía de los ingresos o de los gastos, lógicamente.

En cuanto a los gastos, el Gobierno español ha dado pasos en la buena dirección al disminuir subvenciones (sería necesario incrementar el descenso en las mismas), reducir gastos superfluos o eliminar aquellos que no son totalmente necesarios. Aún queda camino, mucho, que recorrer, para conseguir la verdadera austeridad de las administraciones públicas, así como llegar a un funcionamiento verdaderamente eficiente a través de una reordenación total de la organización de lo público en toda España.

En la parte de los ingresos, el aumento de los mismos se puede conseguir a través de dos formas: bien subiendo impuestos, bien aumentando la base de personas y de cantidades que deben pagar las diferentes figuras impositivas. También es factible, de hecho es la mejor opción, realizar un uso combinado de ambas. La subida de impuestos ya se está realizando (no descartamos que haya más) y esta medida tiene de positivo la rapidez de su resultado. Sin embargo, es negativa en el sentido de que drena renta para consumo, que redunda en un menor gasto de personas y empresas y no dinamiza la actividad económica interior. Si a esto le sumamos la actual situación de recesión, esta medida no sólo no sería positiva sino que incrementaría la dificultad y el tiempo para salir de esta crisis.

Es por ello que lo lógico es actuar sobre la base de personas y cantidades. Si hay más contribuyentes, ganando más, los ingresos por impuestos aumentan. Por esta razón aún se le echa en falta al Gobierno, tal y como prometió antes de su victoria en las urnas, las medidas encaminadas a fomentar la actividad de empresas, autónomos y emprendedores, que lleve a incrementar el nivel de contratación, reduzca el número de parados (que además implicará menores pagos por prestaciones de desempleo) y mayores ingresos impositivos. El inconveniente de esta medida es la lentitud de su respuesta, primero porque son necesarias las manidas reformas estructurales (laboral, financiera, de la administración pública) y segundo, porque aun tomándose e implantando estas reformas, su traslado a la economía real se produciría paulatinamente en el tiempo. ¿Y tenemos tiempo?

Si se mantienen los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea y sus plazos correspondientes, no hay tiempo y la única solución es actuar sobre la recaudación impositiva a la castigada clase media, con los resultados más que previsibles de empeoramiento y contracción en el crecimiento español.

Adicionalmente, en esta situación, los mercados financieros estimarían la práctica imposibilidad de cumplimiento de estos objetivos, es decir, actualmente no son creíbles por inalcanzables, y los pérfidos especuladores atacarían nuevamente a la deuda española, con primas de riesgo de nuevo en máximos y apareciendo una zancadilla adicional a la posible recuperación al ser el dinero más caro para nuestro país.

Si se revisan esos objetivos, de forma consensuada, planificando los plazos según la situación real de partida, imponiendo un calendario exigente pero creíble, los mercados lo analizarían de forma positiva. Más aún si finalmente se ponen en marcha los verdaderos mecanismos de rescate necesarios para garantizar la estabilidad de todos los miembros de la Unión Europea.

Para nada valen las sanciones por incumplimiento de estos actuales objetivos, pues abundarían en el agujero de la recesión, incitarían el movimiento especulativo de los mercados y no llevarían más que a la afirmación de lo inválido que eran las premisas de partida.

El mundo cambia, también lo hacen las variables económicas, además por definición, y lo que deben hacer los gestores, los buenos gestores, es variar sus planteamientos para adaptarse a esos cambios. Eso es lo que de verdad valora el mercado.

La hora de los valientes

Hace unos meses, el Fondo Monetario Internacional nos pedía la realización de más reformas y más valientes que las efectuadas hasta el momento. Esa es la clave: la valentía, pues es eso lo que necesita España.

Requerimos políticos valientes: aquellos que tomen las imperiosas decisiones en función de los intereses de España y no de sus partidos, con el objetivo de acabar de una vez por todas con la crisis y no con su particular fin último de conseguir ganar unas elecciones para permanecer en y/o acceder al poder. Políticos valientes que no traten a la ciudadanía como un rebaño de borregos y sean capaces de explicarnos porqué son esas las ineludibles reformas y, aunque sean dolorosas para todos, cómo son las únicas que se pueden llevar a cabo en estos momentos. Políticos valientes que tomen dichas medidas a pesar de que puedan tener una repercusión negativa en comicios posteriores. De verdad que pensamos que si se explicaran bien estas medidas, los españoles las comprenderíamos y esas consecuencias en el número de votos no serían las que en un principio creen.

Pero no acaban ahí los valientes necesarios. Precisamos de banqueros valientes: aquellos que apuesten por el tejido empresarial y, con la labor que se les presupone deben realizar, “arrimen el hombro” para salir de este agujero. No estamos pidiendo que sean osados o arriesgados -ese es el peor perfil que pueden tener estos profesionales (una de las causas que han originado la crisis presente)-, sino que sean capaces de, mediante propuestas y soluciones innovadoras, financiar proyectos empresariales que vuelvan a generar empleo y riqueza, para ellos, para los propios emprendedores y, por ende, para la sociedad en su conjunto.

Demandamos empresarios y emprendedores valientes: los que con el empuje y perseverancia que les caracteriza, pongan en marcha esos proyectos, esos negocios más o menos innovadores, que contraten para crecer, que se expandan fuera de nuestras fronteras, que busquen y generen su beneficio, pues si a ellos les va bien, a los trabajadores les irá bien y España se aprovechará de todo ello.

Solicitamos trabajadores valientes: que seamos capaces de, incluso rebajando un poco nuestras pretensiones-que no implica eliminar los derechos por los que todos hemos luchado-, trabajemos, y trabajemos más, y seamos más productivos, y seamos capaces de movernos de nuestras casas allá donde exista trabajo, cambiar de nuestro sector donde tenemos experiencia a otros donde debemos empezar prácticamente desde cero y, sobre todo, que no vivamos de subvenciones, ayudas o subsidios totalmente improductivos a medio y largo plazo.

Exigimos ciudadanos valientes: que todos seamos capaces de entender el momento dramático para muchos por el que estamos pasando y comprender que nadie nos va a solucionar este gran problema salvo nosotros mismos. Que estemos abiertos a sacrificios y esfuerzos y no sólo a exigencias, recriminaciones e indignaciones. Que trabajemos todos por este proyecto común que es España.

Basta ya de mirar al pasado y analizar cómo hemos llegado hasta aquí, o de quién ha tenido la culpa. Es el momento de mirar hacia delante, de “coger el toro por los cuernos” y de salir de este pozo entre todos. No somos optimistas, no somos buenistas, simplemente pensamos que es la única alternativa, no la mejor o la peor, sólo la única. Es la hora de los valientes.