La propuesta del partido en el Gobierno de amnistiar fiscalmente a los defraudadores que mantienen dinero no declarado, fruto de operaciones opacas que no han tributado y, por tanto, no han aportado lo que debiera al bien común -se esté o no de acuerdo con las normas y con el destino de ese dinero para ese bien común-, no puede estar más equivocada.
Puede que la urgencia por recaudar dinero con el que "salvar" de alguna forma las maltrechas cuentas de la economía española sea vista como la justificación idónea para su aprobación. Pero no debe ser así.
La lacra del fraude fiscal debe perseguirse y la forma de hacerlo debe ser reduciendo impuestos.
Sí, bajando la presión fiscal, el incentivo para "ahorrarse" unos euros, escatimándoselos a Hacienda (que, por tanto, no somos todos, sólo algunos) será menor y, en el caso de que aún así alguno se lo piense, perseguirlo e imponer unas multas de gran cuantía, que hagan finalmente de total efecto disuasorio.
Ese es -debe ser- el único camino.
La tradición periódica española de las amnistías fiscales es perniciosa, incentiva negativamente el cumplimiento de la norma, genera más y más dinero negro y tiene unos efectos devastadores en recaudación, en servicios posibles a ofrecer y en el ánimo de los contribuyentes, que sólo maldicen la mala suerte que tienen por estar controlados por una nómina, que no les permite mucho margen ... ¡para defraudar!
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