Enseñanzas de la empresa al Estado

Supongo que los defensores a ultranza de lo público no estarán muy de acuerdo con las afirmaciones que nos aprestamos a defender, pero a veces, muchas veces, la gestión privada, la empresa, enseña buenas prácticas que el Estado debería tener muy en cuenta e implantar, si fuera posible.

Estas reflexiones propias, ya antiguas, nos han vuelto a la cabeza tras las decisiones recientes de varias empresas españolas de reducir los precios de sus artículos y servicios, comercializando tales decisiones como algo solidario, pero buscando además su reflejo en un más que realista incremento de las ventas y, por qué no, buscando nuevos clientes o nichos de mercado.

La enseñanza que el Estado puede obtener de esta medida guarda relación con el incremento -es muy posible que necesario- de los impuestos, tanto directos como indirectos, lo cual puede dar como resultado, paradójicamente, un descenso en la recaudación.

Sin embargo, si se reducen los impuestos (y se busca más la racionalización del gasto público en lugar de incrementar los ingresos en un momento poco propicio), la consecuencia es un aumento de la renta disponible de los ciudadanos, a lo que si además se acompaña una transmisión de confianza (en lugar de cambiar, desdecir y desmentir una y otra vez las decisiones a tomar), se puede traducir en un incremento del consumo. Es precisamente la demanda lo que nos puede sacar de esta situación, pues de ella depende que las empresas, en su intento de satisfacer ese incremento, aumenten su oferta, amplíen plantillas e inviertan en crecimiento (para ello también es necesario que exista posibilidad de financiarlo). No cabe duda que la mayor actividad implicará una mayor recaudación, vía impuestos indirectos que gravan el consumo, o directos (sociedades y renta) que gravan ingresos. Pero no sólo eso: la creación de más puestos de trabajo implicará menores pagos por prestaciones de desempleo (menor gasto público) y mayores cotizaciones sociales (menor déficit o superávit de la Seguridad Social). ¿Cuál es el problema? La necesaria rapidez en la respuesta de las medidas, dado lo acuciante de la situación y la premura que nos exige Bruselas. Un aplazamiento realista a las exigencias impuestas sería lo necesario para implantar estas medidas que estamos señalando, más lentas para tener un reflejo positivo pero que son también la base para un crecimiento sostenible en el tiempo.

El Gobierno se esta equivocando al trasladar todo el esfuerzo al consumidor, haciendo precisamente que éste deje de consumir –por desconfianza o por simple imposibilidad- haciendo que la actividad se reduzca gravemente y convirtiéndose en mero contribuyente, y además muy castigado.

Y ya puestos, otras enseñanzas que “lo público” podría tener de las empresas privadas sería la de considerar, realmente, a la ciudadanía como un cliente (no olvidemos que en inglés, funcionario se traduce como civil servant, muy gráfico), lo cual requeriría una ampliación de los horarios de los servicios a los ciudadanos (se acabaría con las colas de espera en sanidad y justicia), o no cerrar en vacaciones (dejando sin servicios al contribuyente durante un mes o más), menos ahora que todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir de esta situación.

La insoportable lentitud de Bruselas

Publicado en El Economista, el 7 de mayo de 2012

Los políticos son de natural lentos en sus decisiones, no porque se tomen mucho tiempo en sopesar lo eficaces que serán sus respuestas -solo hay que echar un vistazo a las desacertadas, además de increíblemente improvisadas medidas de los últimos años-, sino porque lo que evalúan, si realmente existe esta fase, es el efecto que tendrán las mismas en el número de votos futuro. Si además, al nombre de político le añadimos el apellido comunitario, la parsimonia se hace intolerable. Más si cabe si sus tardas respuestas son evaluadas por los vertiginosos mercados.

Todo lo anterior para comprobar ahora que, ¡por fin!, se han dado cuenta de que la clave para superar esta eterna crisis radica en el crecimiento. Y eso que muchos fuimos los que avisábamos de la necesidad del más que probable cambio desde hace ya mucho tiempo (por ejemplo en nuestra colaboración "Es el crecimiento, estúpido" publicado en este mismo diario el pasado uno de noviembre de 2011).
Este posible giro en la política económica del viejo continente es fundamental, lo recalcamos, pero no debería ser incompatible con el actual monotema de nuestros dirigentes, lo que ellos llaman austeridad, y que nosotros preferiríamos denominarle equilibrio presupuestario. Nos explicamos.
El equilibro en las cuentas públicas no sólo es deseable sino beneficioso. De aquellos polvos del abandono de tan loable principio proceden los actuales lodos. Consiste simplemente en adecuar los gastos, o mejor las inversiones, a los ingresos generados. Como estos últimos tienen una relación directa con la actividad, se podrá invertir más cuanto más crezca una economía, o ahorrar para tiempos peores. ¿Y si no crece? Pues se invertirá menos. Excepciones a esta regla básica pueden darse cuando en esas épocas de bajo crecimiento o incluso recesión, la inversión pública -que no gasto, volvemos a recalcar-, debe sustituir a la iniciativa privada y sólo si se tienen garantías de que esa acción realmente producirá un incremento en la actividad (de ahí la importancia de que se trate de inversión y no de gasto) y se podrá devolver en el futuro gracias precisamente a ese crecimiento. Si no es así, no se debe romper la premisa básica.
La austeridad actual va más allá: dados los desmanes pasados, el reequilibrio sólo se puede conseguir gastando menos, mucho menos de lo que se ingresa. Si además nos encontramos en recesión, pueden imaginarse hasta qué punto hay que profundizar en los recortes.
Casi todo se reduce, por tanto, a crecer, por lo tanto hay que fomentar la actividad vía inversión, si es posible privada, para evitar cargar más sobre las maltrechas arcas públicas estos compromisos. El problema es precisamente la falta de dinero para invertir. ¿Cómo es posible que no haya dinero con las barras libres de liquidez del Banco Central Europeo? Pues porque esos fondos conseguidos por parte de las entidades financieras ha ido prácticamente en su totalidad a financiar el endeudamiento público, en lugar de prestar a empresas y autónomos, tan necesitados de esta inyección de liquidez. Esto es el llamado efecto crowding out que sólo se podrá solucionar cuando efectivamente lo público, el estado y sus políticos, pierdan protagonismo en la vida económica. Utopía.
En cualquier caso, ¿sería la solución incrementar la emisión de deuda pública, invertir para fomentar la actividad y así salir de este bache, tal y como propone algún dirigente del espectro político actual? En nuestra opinión no, por varias razones. Primero, porque sólo nos prestarán más dinero si hay confianza en su devolución; segundo porque, en el caso de que alguien esté dispuesto a prestarnos ese dinero, como no es segura la devolución por la desconfianza en el crecimiento de nuestra economía, nos exigirá mayor rentabilidad (a mayor riesgo, más coste para el emisor); y tercero, la razón fundamental es que ya se ha establecido un calendario, y modificado, de reducción paulatina del déficit público, y lo peor que se puede hacer actualmente es volver a cambiar nuestras propias reglas de juego, pues eso es lo que necesitan los perversos especuladores para atacar con mayor virulencia nuestros títulos de deuda pública.
Esos mismos políticos que propugnan el incremento del endeudamiento estatal, pero que a la vez cargan contra los mercados e incitan a su "desobediencia", están olvidando la relación entre esas dos afirmaciones.
¿Cuál sería la solución? Primero, seguir con el desapalancamiento de las finanzas públicas -buen camino el emprendido en España para eliminar gastos duplicados y superfluos en nuestras administraciones, veremos cómo se materializa-. Segundo, reducir la carga fiscal de emprendedores y empresarios, así como sus cotizaciones sociales a la contratación. No olvidemos que son ellos quienes crean empleo. Tercero, incrementar la renta disponible de la tan maltratada clase media, pues es ahí donde radica la clave de la generación de actividad. El fomento del consumo, la confianza en el futuro y la nueva demanda de bienes y servicios -por tanto justificación para crear nuevas empresas y nuevos empleos, además de negocio para las actuales- se encuentra en una gran y fuerte clase media. Si la ahogamos, no habrá dinero para financiar el famoso Estado de Bienestar. Por mucho que dirigentes de diversos agentes sociales crean que apretando más a la burguesía se solucionarían todos los problemas.
En cualquier caso, todo queda en manos de nuestros políticos europeos, con lo que solo hay una cosa segura, la solución tardará en encontrarse.

Funcionarios y Empleados Públicos

Hoy he estado en una oficina de Bankia, no porqe tuviera cuenta allí, sino por pagar un recibo de una tasa municipal que sólo permite abonarla en esta entidad. Mientras esperaba, que ha sido bastante tiempo, junto con otros nueve clientes (se han llegado a acumular doce personas esperando realizar sus operaciones en caja), uno de los trabajadores de la entidad se dedicaba a escribir correos electrónicos particulares (si este sábado viene ti tía de visita, si luego tenemos que hacer una gran compra en el súper, ...). Lo he visto por cómo estaba diseñada esta oficina, un poco rara, en el que empleado da la espalada a quienes esperan y éstos pueden ver su "trabajo".
No es que no pueda madar mail personales, como era el caso, yo lo hago, pero ello no influye en mi trabajo. Me explico, yo, durante mis clases o mis tutorías no mando correos. Espero a terminar con mis "clientes" y, si hay muchos, por supuesto ni se me ocurre hacer nada que no sea atenderles.
Alguien puede pensar que Bankia es una entidad privada, pero ya no, recordemos que está nacionalizada y, por tanto, ese sueldo lo pagamos entre todos. No debe estar muy preocupado por su trabajo este señor cuando no atiende correctamente a la clientela, dejando un buen tiempo para que se piensen si hacen bien en seguir teniendo sus ahorros en esa entidad. ¡En fin, debe pensar que es funcionario mal entendido y que su puesto está asegurado!

Cambiando un poco de tema, aunque no el fondo, mientras esperaba he podido observar que en esta sucursal, supongo que al igual que en todas, había tres pantallas (televisiones) de plasma, en las que en forma de bucle se pasaban ofertas y noticias de la entidad. ¿Alguien se pregunta todavía dónde está el agujero de Bankia? Entre otras cosas, en este tipo de ostentaciones innecesarias.

Otra sanidad para ricos

La situación es crítica. Las soluciones están ahí, sólo hay que tener voluntad de llevarlas adelante (adelgazar la estructura administrativa inflada para nuestra capacidad de crecimiento. Véanse comunidades autónomas y municipios pequeños). Pero en lugar de eso, el actual gobierno cae en las mismas "ocurrencias" que el anterior. Ahora toca la propuesta de una sanidad o una educación diferentes, en función de tus rentas. Es decir, ahora ya no somos todos iguales, sólo unos pocos.
Pero veamos la realidad: ¿Alguien cree que ganando 100.000 euros, o incluso menos, al año, una familia acude a la consulta del ambulatorio de su barrio? ¿No es más real reconocer que esos ciudadanos están pagando un seguro privado? En definitiva, están aportando, vía impuestos revolucionarios, como el que más, pero  ... NO CONSUMEN SERVICIOS. Es decir que contribuyen a financiar la sanidad de otros que no pueden (o no quieren), pero el gasto de utilizar esos mismos servicios es mucho menor, cuando no inexistente. Son aportantes netos al sistema.
Pero es que en educación pasa exactamente lo mismo: esas rentas llevan a sus vástagos a la educación privada. Incluso muchos políticos, por no decir todos, incluidos los que se jactan de las bondades de la educación pública, que las tiene, llevan a sus hijos e hijas a colegios y universidades privadas. Por lo tanto, también están pagando mediante sus impuestos unos servicios de los que no se están aprovechando.
Eso es solidaridad, obligatoria, pero solidaridad al fin y al cabo. ¿Y ahora quieren que, en el caso de acudir, por las razones que sean, a esos servicios, se pague más?
NO, no es el camino.
Primero por el hecho de que esas rentas, como he comentado antes son aportantes netas al sistema, por lo que no hay que gravarlas más.
Segundo por que es un desincentivo a la responsabilidad (mejores puestos, con mayor responsabilidad, generan mayores ingresos), al trabajo y al esfuerzo (buscar otros trabajos que complementen los sueldos no es una buena medida visto lo visto por sus repercusiones).
No, es mucho mejor subvencionar y subvencionar, no sólo a los españoles, sino a todos los que por aquí vienen, de paso o ex profeso.
Lo lógico sería una racionalización de ese subvenciones: ¿Por qué tener traductores a todas las lenguas habidas y por haber en los ambulatorios por si acaso? Yo cuando me muevo a otro país no me traduce nadie y me tengo que buscar la vida. ¿Por qué sanidad gratis universal, y recalco lo de universal? Que paguen los que vienen aquí a operarse, con tratamientos más costosos, simplemente porque en su país sí que tienen que abonar cantidad. ¿Por qué operarse de cosas que no tienen la mayor importancia o no son de vida o muerte, pero sí suponen unos costes elevados? Los caprichos se los paga cada uno, si puede, que por algo son caprichos.
O en educación universitaria, que conozco bastante bien, ¿por qué subvencionar la matrícula de unos alumnos/as que luego no aparecen por clase? ¿No sería más racional ligar becas y ayudas al mérito y al esfuerzo? El principio del "café para todos", la política de la subvención para atar futuros votos, el despilfarro del dinero público que no es de nadie, la proliferación de parcelitas de poder (vénase autonomía y municipios) en las que el político de turno hace y deshace a voluntad (y es que el poder corrompe), ...Todo esto está llevando a la ruina a este país.
Ahí es dónde hay que atacar el despilfarro, además de aligerar la administración.
Claro, pero eso no les conviene, no.

Amnistía para los que defraudan

La propuesta del partido en el Gobierno de amnistiar fiscalmente a los defraudadores que mantienen dinero no declarado, fruto de operaciones opacas que no han tributado y, por tanto, no han aportado lo que debiera al bien común -se esté o no de acuerdo con las normas y con el destino de ese dinero para ese bien común-, no puede estar más equivocada.

Puede que la urgencia por recaudar dinero con el que "salvar" de alguna forma las maltrechas cuentas de la economía española sea vista como la justificación idónea para su aprobación. Pero no debe ser así.

La lacra del fraude fiscal debe perseguirse y la forma de hacerlo debe ser reduciendo impuestos.

Sí, bajando la presión fiscal, el incentivo para "ahorrarse" unos euros, escatimándoselos a Hacienda (que, por tanto, no somos todos, sólo algunos) será menor y, en el caso de que aún así alguno se lo piense, perseguirlo e imponer unas multas de gran cuantía, que hagan finalmente de total efecto disuasorio.

Ese es -debe ser- el único camino.

La tradición periódica española de las amnistías fiscales es perniciosa, incentiva negativamente el cumplimiento de la norma, genera más y más dinero negro y tiene unos efectos devastadores en recaudación, en servicios posibles a ofrecer y en el ánimo de los contribuyentes, que sólo maldicen la mala suerte que tienen por estar controlados por una nómina, que no les permite mucho margen ... ¡para defraudar!

Para que fluya el crédito

Publicado en Diarioabierto.es, el 27 de marzo de 2012

El Gobierno está estudiando diferentes fórmulas para conseguir que el dinero que se supone tienen los bancos acuda al rescate de la actividad económica en nuestro país. No hay que olvidar que en una economía en crecimiento, la recaudación por impuestos sube, así como disminuye el gasto social vía menor número de desempleados.

La última propuesta en este sentido ha sido pedir a la banca que no reparta dividendos y que destine dicha cuantía a la concesión de préstamos. Sin entrar en cuestiones teóricas acerca de si, en los momentos actuales, se debe repartir o no dividendos a los socios que han aportado un capital y lo han arriesgado, buscando obtener cierta rentabilidad, en nuestra opinión, éste no es el camino.
El negocio tradicional de los bancos (que muchos de ellos no deberían haber abandonado nunca, lo que les hubiera evitado muchos problemas), consiste, de forma muy sencilla, en conseguir dinero, normalmente barato (véase en este sentido el 1% de la barra de liquidez del Banco Central Europeo) y dedicarlo a la concesión de préstamos y créditos a un tipo superior, consiguiendo como beneficio la diferencia entre el tipo cobrado y el tipo pagado por los recursos (el conocido como margen de intermediación).
Para esta concesión de préstamos, los bancos analizan el riesgo percibido de los clientes, esto es, si van a ser capaces o no, asignando probabilidades, de devolver el dinero prestado más los intereses. Es por ello que les resulta muy sencillo, de forma acentuada en los momentos actuales, prestar al Estado, vía compra de Deuda Pública, que destinar ese mismo dinero a financiar empresas -en dificultades y con un escaso mercado por la falta de consumo-, autónomos –con una alta tasa de morosidad- o emprendedores –con un alto nivel de riesgo-.
Seamos serios, la forma de conseguir que el dinero fluya a la economía productiva (estamos considerando que la Deuda Pública no lo es y en un alto porcentaje esta premisa se cumple) es dejando dicha economía productiva como la única posibilidad de inversión a los bancos. Lo que queremos decir es que si se reduce drásticamente el déficit público, incluso si se elimina, y si se deja de acudir al endeudamiento por parte del Estado (si realmente se hace un estudio y una reforma de las duplicidades o triplicidades de nuestras administraciones, por la vía del gasto todo lo anterior es posible, de verdad), los bancos casi estarán obligados a prestar a empresas y familias, pues será la iniciativa privada la única alternativa con la que contarán para invertir sus recursos y cumplir su función y ganar dinero.
Esto es simplemente el evitar lo que se conoce como efecto expulsión (crowding out) del sector privado respecto al público. ¿Una visión demasiado simplista? A veces lo complejo no es la solución, sino parte del problema.

Reforma financiera, versión 2012

Publicado en El Economista el 6 de febrero de 2012

La mal llamada reforma del sistema financiero, versión 2012, establece como principal objetivo el conseguir que el dinero fluya hacia la inversión productiva y el consumo, favoreciendo la financiación de empresas, autónomos y particulares. De la misma forma, persigue la mejora de la confianza de los inversores, principalmente extranjeros, en nuestro sistema financiero, lo que facilitaría el acceso a los mercados de capitales de nuestras entidades, mediante la representación de la imagen fiel de sus balances.

Realmente, en este último punto, no se trata de una reforma propiamente dicha, pues se supone que los estados contables deben siempre reflejar la realidad patrimonial de las compañías, es decir, la legislación existente ya definía este requisito y ahora lo que se pretende es supervisar que realmente se está cumpliendo la norma.

En lo que se refiere a la mejora de la financiación de la economía real, presupone que las medidas tomadas, más exigentes en la dotación a provisiones de los créditos dudosos procedentes de los activos inmobiliarios e hipotecarios, generarán una liquidez provocada por la venta de activos, que las entidades dedicarán precisamente a esa financiación. Mucho suponer.

Primero, sí que es probable que las nuevas exigencias de provisiones genéricas y aún más las específicas, consigan aligerar los balances de inversiones hipotecarias de los bancos. Que ese descenso se traduzca en una rebaja de los precios de estos activos, aunque deseable, está todavía por ver.

Segundo, si se generan nuevos recursos de esta forma, las entidades disponen de varios destinos alternativos: Pueden, y deben, destinarlos a cumplir los nuevos requerimientos de capital impuestos por la Unión Europea y la propia legislación española. Es probable que destinen los mismos a adquirir deuda pública, ya sea porque es fundamental su participación para seguir financiando el déficit de todas nuestras administraciones, ya sea porque puede ser esta inversión menos arriesgada, relativamente, que hacerlo al sector privado, produciéndose el pernicioso efecto crowding out o de expulsión de la financiación productiva privada. O, por último, pueden dedicarlos a financiar empresas, nuevos proyectos y consumo, lo que revitalizaría la creación de empleo y la actividad económica, que es el objetivo perseguido mediante el compromiso que requiere el gobierno de las instituciones financieras por la responsabilidad social que este tipo de entidades tienen. Pero, ¿realmente la nueva financiación generaría crecimiento, o debe ser el propio crecimiento el que anime a bancos a financiar la iniciativa privada?

Dicho de otro modo, creemos que es en un contexto de crecimiento económico en el que los nuevos proyectos empresariales, o las actividades de expansión de las existentes, tienen más probabilidades de éxito, esto es menos riesgo y, por tanto, más factibles de financiarse.

Es por lo anterior que esta reforma queda escasa y es necesario complementarla con la reforma laboral y la de las administraciones públicas, profundizando no sólo en la reducción del déficit (disminuyendo sus necesidades de financiación y dejando más dinero para otras actividades más productivas), sino también en la austeridad de las cuentas públicas. Hay que eliminar la política de la subvención, en todos los ámbitos, y cambiarla por una mentalidad de esfuerzo. Dedicar recursos a sectores de mayor valor añadido e ir reduciendo la dependencia del empleo de sectores poco productivos.

Hay que mejorar el entorno económico para que las empresas se encuentren más dispuestas a seguir creciendo, a que los emprendedores se animen a poner en marcha sus ideas y que los consumidores no vean peligrar su puestos de trabajo (o mejoren sus expectativas de encontrar un empleo estable) para que consuman más. Y ahí entrarán las entidades financieras y su financiación en un entorno más favorable.

Y ya que estamos en la reforma del sistema financiero, ¿por qué dejar sólo a estas entidades el papel de financiar el crecimiento?, ¿por qué no mejorar el funcionamiento de otras entidades e instrumentos para que funcionen mejor y se dediquen precisamente a cumplir con su objeto? Nos referimos a la Garantía Recíproca, el Capital Riesgo en sus diferentes versiones, el Crédito Oficial o el Mercado Alternativo entre otras. Incluso pensar en otras alternativas innovadoras, pues es ahora cuando más necesaria resulta la innovación, ya que esta crisis requiere de soluciones novedosas para su superación.